Ordóñez, que expresó su satisfacción por la defensa que hizo el Ministro de Economía, Pedro Solbes, durante su última itervención en el Club Siglo XXI, sobre la prioridad del Gobierno para desrregular el sector de las telecomunicaciones, indicó que "la conclusión más importante de su intervención es que la medida debe tomarse pronto".

El responsable del TDC mostró su excepticismo respecto a una posible subida de las llamadas urbanas del 50 por cien, como dicen algumos medios, pero advirtió que esa medida no sería necesaria con una desrregulación que permita la entrada gradual de competencia en el mercado que Telefónic conserva en régimen de monopolio. "La competencia", agregó, "está hecha para bajar precios no para subirlos".

Incluso, añadió que con las medidas que recomienda en su informe sobre liberalización de las telecomunicaciones, en el que se toma como referencia el proceso aplicado en el Reino Unido hace diez años, la entrada de operadores privados permitiría una bajada global del 15 por cien en los precios del servicio telefónico, que supondrñia un ahorro para los españoles de más de 100.000 millones.

"Antes de elevar nada", dijo, "lo primero es bajar tyodo lo que hay que bajar", y agregó que dónde se han aplicado subidas de las tarifas antes de la liberalización, como en el Reino Unido, "ha sido un desastre, porque ha habido luego que bajarlas, y habría que evitar el error inglés".

Hay que tener mucho cuidado con las tarifas locales, añadió, porque es justo donde la operadora no tiene competencia, "y es muy comodo pedir aumentos donde no tienes competencia, incluso ahora, aunque no haya operadore en España, hay empresas que están pagando sus conferencias a través de operadoras extranjeras".

También rechazó el argumento de Obras Públicas y la propia Telefónica, en el sentido de que la entrada de nuevas operadoras privadas no podrá producirse antes de 1998 por imposición de la CE, al afirmar que el acuerdo de los "doce" es razonable, porque "dice que no estamos obligados a hacerlo antes de 1998", e incluso permite aplazarlo hasta el 2003 a algunos países. Sin embargo, insistió, "aplazar es libealizar brutalmente, y nadie obliga a hacerlo".

El calendario fijado por la CE es bueno, dijo, "porque cuanto antes lo hagas de forma limitada permitirás una comptencia gradual, y no brutal".