Según la patronal, la nueva norma no tiene carácter reeducador, sino sancionador, y recoge un catálogo de infracciones "excesivo", mientras que "debería haberse limitado a aquellas infracciones en que se ponga en peligro grave y directo" la seguridad de los viajeros.

Además, los transportistas afirman que la aplicación de la citada ley causará perjuicios de imposible reparación, porque la retirada definitiva del permiso de conducir priva a los conductores profesionales del "legítimo derecho al ejercicio de su profesión, proclamado en la Constitución Española", sin poder afrontar el pago de los créditos concedidos para adquirir camiones autobuses.

A este respecto, señalan que la nueva normativa podría implicar conceder a la Administración un poder sancionador superior al otorgado a los jueces en el Código Penal, ya que en el caso de retirada del permiso de conducir, la medida podría ser luego anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa sin que fuera posible reparar el perjuicio ocasionado al conductor privado de su permiso de conducir.

Por otro lado, Fenadismer indica que, en la actualidad, no existe un registro único en el que se reflejen todas las infracciones que pueden ser impuestas por los ayuntamientos, las comunidades autónomas con competencias en materia de tráfico (Comunidad Vasca y Cataluña) y la propia Dirección General de Tráfico, "lo que podría suponer una discriminación para los conductores en función de su lugar de residencia".