El presidente de la FEMP, el socialista Francisco Vázquez, afirmó en rueda de prensa que, a su juicio, el acuerdo es un "térmio medio aceptable", por lo que la federación remitirá un escrito a todos los ayuntamientos y diputaciones en los que retira su recomendación de recurrir ante los tribunales las liquidaciones practicadas por Hacienda.

Sin embargo, Izquierda Unida y el Partido Popular expresaron su oposición, en diferente grado, al acuerdo. El alcalde de Córdoba, el comunista Herminio Trigo, aseguró que Izquierda Unida mantendrá la recomendación de recurrir hasta que la Administración Central pague la totalidad de lo relamado por los ayuntamientos.

A su juicio, Francisco Vázquez se ha plegado a las presiones del PSOE y del Gobierno, en perjuicio de las corporaciones locales, a las que el Gobierno central trata, según sus palabras, "como una administración de segunda o tercera categoría".

Por el Partido Popular, el presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, Francisco Torrey, explicó que el PP también considera insuficiente el dinero ofrecido por Hacienda, pero que lo toma como "un primer paso positiv".

En consecuencia, el PP accede a no aconsejar la presentación de recursos, aunque eso no supondrá que recomiende la retirada de ellos a las corporaciones locales, como el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por los populares, que ya han emprendido acciones judiciales.

En su opinión, este acuerdo es insuficiente porque no avanza hacia la consecuención de un sistema de financiación de las administraciones territoriales en que el Gobierno central efectúe el 50 por ciento del gasto público y el restose lo repartan, al 25 por cien, entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

LOS BENEFICIOS DEL ACUERDO

El presidente de la FEMP aseguró que el acuerdo alcanzado con Hacienda implica que 82.000 de los 112.000 millones ahora reconocidos como deuda con las entidades locales se pagarán en el primer semestre de 1992 y los 30.000 millones restantes en 1993.

Vázquez recalcó que los ayuntamientos y diputaciones conservan su autonomía para interponer recursos contra las liquidaciones qu les haga llegar Hacienda en concepto de su participación en los ingresos del Estado.

Reiteró asimismo que el nuevo sistema de financiación local pactado en los Presupuestos de Estado de 1992 se mantendrá también en 1993 y que las diputaciones provinciales no estarán sujetas, como hasta ahora, a un límite del 18 por ciento en el incremento de su participación en los ingresos estatales.

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de la FEMP eligió hoy a sus seis representantes en la Asamblea de Poderes ocales y Regionales, dependiente del Consejo de Europa.

Serán tres miembros del PSOE (los alcaldes de Málaga, Vigo y Lérida), 2 del PP (el presidente de la Diputación de Guadalajara y la alcaldesa de Valencia) y 1 de Izquierda Unida (el alcalde de Córdoba).