En un comunicado, García Pelayo expresó que en la reunión que mantuvo con Sánchez el lunes en La Moncloa le pidió “lo mismo que le exigen los alcaldes del PSOE, Sumar y los independentistas”, en relación con la moratoria de la tasa de basuras.

Lamentó que Sánchez impone la tasa “porque le da la gana”, ya que “la Unión Europea solo obliga a recoger, separar y tratar residuos a los ayuntamientos, pero no exhorta a ninguna tasa, máxime cuando invade la autonomía municipal”.

“Cuando en una declaración institucional aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos se lo hemos solicitado, estando los ayuntamientos dispuestos a buscar otras fórmulas, por lo menos escúchenos”, dijo la presidenta de la FEMP, quien además auguró un “aluvión de reclamaciones judiciales a una tasa que no tiene ningún sentido”.

A su juicio, lo normal hubiese sido que Sánchez contestara “que lo iba a estudiar”, pero García Pelayo se mostró sorprendida de su respuesta “dando carpetazo al asunto”. “Vi al presidente del Gobierno insensible, parece no darse cuenta de que los ciudadanos no pueden más”, lamentó, y “ahora hay que sumar una tasa invasiva e injusta”.

Durante su encuentro, Sánchez y García Pelayo abordaron la tasa de basuras que todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tendrán que implantar en 2025. García Pelayo cifró en 178 euros la factura media de esta tasa y criticó que es "injusta" teniendo en cuenta que el coste de la vida "cada vez sube más".

Sánchez, según ella, vio "complicado" cambiar esta medida, aunque el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró que el Gobierno se abre "buscar mecanismos de flexibilidad, pero ante un principio fundamental" que es "la sostenibilidad medioambiental".

Preguntada por la comparecencia del ministro, en la que se mostró más flexible sobre la tasa de basuras, la presidenta de la FEMP incidió en que “la que vale es la palabra de Sánchez”. Sin embargo, reconoció que “si en el último momento rectifica lo valoraría y agradecería” porque “muchos ayuntamientos ya están dándose cuenta de la dificultad que esta tasa va a suponer en el momento en el que están aprobando las ordenanzas municipales”.