A las declaraciones institucionales se pueden adscribir todas las administraciones locales y provinciales que lo deseen y parten de un consenso entre las distintas formaciones políticas que están presentes en la Junta de Gobierno de la Femp por medio de sus representantes políticos.

La declaración destaca que la Convención es de "obligatorio cumplimiento" y reconoce que la integración de la misma en el ordenamiento jurídico de España ha supuesto un "avance significativo en la garantía de derechos para las personas con discapacidad".

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay más de cuatro millones de personas con discapacidad. Sin embargo, la FEMP afirma que "solo una de cada cuatro en edad laboral tiene empleo". Además, recuerda que "un millón y medio de personas enfrenta barreras para desplazarse en su vivienda, su edificio y sus accesos, dificultades que también afectan a los espacios públicos, las ciudades y el acceso a las nuevas tecnologías y la comunicación".

EMPLEO Y PARTICIPACIÓN

La declaración incluye compromisos y peticiones en el marco de la discapacidad que pasan en primer lugar por instar a las entidades locales a "garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural de nuestros municipios y ciudades".

Este año, además, la Femp pone el foco en en solicitar a esas mismas entidades que "contribuyan a la lucha contra la discriminación laboral de las personas con discapacidad para que tengan las mismas oportunidades que el resto de la población para su desarrollo profesional y personal". Para ello, piden que se cumpla la reserva de plazas ofertadas de empleo público para personas con discapacidad según lo establecido legalmente y realizar acciones para el impulso de su contratación por parte del sector empresarial.

Por otra parte, la FEMP llama a promover "la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan a su vida y a su comunidad" y resalta la importancia de que estén representadas en los órganos de consulta y en el diseño de políticas públicas que impacten en su bienestar".

VIVIENDA Y ACCESIBILIDAD

Otro de los asuntos que recoge la Femp es del de la vivienda. Así, el texto asegura que hay que impulsar políticas que "garanticen el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a una vivienda digna, accesible y adaptada a sus necesidades". "Es fundamental fomentar la rehabilitación y adaptación del parque de viviendas existente, así como el desarrollo de nuevas fórmulas habitacionales inclusivas, como viviendas con apoyos", destaca.

Finalmente, abogaa por "invertir en entornos accesibles y en desarrollo de soluciones innovadoras que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad" con "ciudades diseñadas para todas las personas, sin excepciones ni barreras".