Desde el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, Feijóo presentó un plan que contiene 60 medidas para “mejorar nuestra democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad”. Explicó que pone sobre la mesa “un contrato con nuestro país, pero sobre todo una herramienta contra la resignación”, además de asegurar que todas sus propuestas están a disposición del Gobierno si “quiere implementarlas”.

“En el caso contrario, el PP las impulsará en su totalidad en los 100 primeros días de la próxima legislatura convencidos de que los españoles no darán su apoyo electoral para hacerlo”, trasladó, y explicitó que en el primer apartado de este plan se recogen medidas para “proteger la Constitución y la integridad territorial del Estado” que pasan por recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma del de malversación y tipificar el de referéndum ilegal.

En este apartado del plan de calidad institucional −que se desarrolla por escrito a lo largo de 24 páginas−, el PP defiende homologar “verdaderamente” la protección de la Constitución y la integridad territorial del Estado a los países de nuestro entorno, y para ello recoge que “se renunciará a que ello forme parte de la negociación política con fuerzas independentistas”

“Defendemos que una política mejor es posible y la mejor manera de alcanzarla es con instituciones sólidas, prestigiosas y al servicio de los ciudadanes”, enfatizó el presidente del PP al dar a conocer públicamente sus medidas desde el lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812. De tal forma, abundó en que “la extenuante actualidad no debe conducirnos al desaliento”.

Feijóo subrayó que “estamos a tiempo de frenar la erosión de las instituciones y estamos a tiempo de recuperar el sentido de Estado tan necesario para seguir avanzando juntos”. “Los españoles que en 1812 impulsaron la Pepa querían lograr una España constitucional. Los españoles de hoy queremos que no nos la arrebaten”, afirmó, convencido de que “ese riesgo existe cuando desde el propio Gobierno” se erosionan instituciones “clave” para una convivencia social y política “ordenada”.

El líder de la oposición hizo estas consideraciones tras censurar que ahora en España “se sigue un guion que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas, e interpreta el Ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo a la división de poderes”. Previno de tal forma sobre “una deriva en la que se va superando nuestra capacidad de asombro”.

“REBELARSE”

“Ante la pregunta de cuál es el límite, hace años se nos ocurrirían varias respuestas”, prosiguió, y añadió que “desde que el ‘sanchismo’ entró en acción nadie se atreve a desmentir ningún dislate”. “El PP está aquí para denunciarlo y para algo más, porque los ciudadanos necesitan algo más. El PP está hoy aquí para rebelarse y demostrar que la del Gobierno no es la única política posible en España”, recalcó.

En el ámbito de sus propuestas para “garantizar las funciones del Poder Legislativo y la calidad de las leyes”, el líder de la oposición habló de “limitar el recurso del real decreto ley, regular la periodicidad del Debate del estado de la Nación” o de “crear una oficina de calidad democrática y de calidad legislativa”.

En tercer lugar, para logar “un mejor gobierno” expuso iniciativas como “garantizar que la Alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas, establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y prohibir el uso de recursos públicos en actos de un partido”.

En este sentido, “en aras de la necesaria transparencia sobre lo anterior”, el PP aboga en su documento por abrir “un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno”,

En su documento, el PP justifica esta propuesta “a fin de respetar mejor la voluntad popular y evitar la fragmentación que pone en riesgo la gobernabilidad en los ayuntamientos”. Por ello propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), para “garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada”.

Además, en el texto rubricado hoy por Feijóo y publicitado posteriormente por el PP, se indica que “esta reforma garantizará que el Gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al Ejecutivo local”.

En su plan, el PP indica que “se establecerá un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición - o las personas en los que ambos acuerden delegar-. En todo caso, le informará cuando corresponda y como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones” sobre las cumbres internacionales, decisiones sustanciales en política exterior y defensa, el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

“CONDICIÓN DE REHÉN” DE SÁNCHEZ

En todo caso, Feijóo consideró que Pedro Sánchez está al frente de “un Ejecutivo intervenido que asume su condición de rehén”. En cambio, aseguró que en el PP “no somos ni seremos rehenes de nada ni de nadie” y “estamos aquí motivados por la convicción de que somos muchos más los españoles moderados y hastiados por lo que el sanchismo está haciendo”.

En cuarto término, el presidente del PP propuso medidas para mejorar el Poder Judicial “limitando las puertas giratorias y reforzando las exigencias de independencia en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial”.

En su documento, el PP apunta que “se regularán los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, de tal forma que no serán elegibles aquellos juristas que hubieran sido cargo electo, miembro del Gobierno de la nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, titular de una secretaría de Estado o cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años”.

Igualmente, el partido de Feijóo considera “necesario aprobar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que avance decididamente en la autonomía de esta institución”. En concreto, se compromete a establecer un nuevo régimen jurídico del fiscal general del Estado que recoja que su mandato será de cinco años “para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad”, con lo que “se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto”.

En un quinto apartado, indicó Feijóo, se proponen “actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones estableciendo requisitos de idoneidad para dirigir los organismos reguladores y con medidas para recuperar la credibilidad y la independencia de las instituciones que la han visto menoscabada en esta legislatura”. Así, dicho plan contiene “propuestas específicas para el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Radio Televisión Española (RTVE).

En todo caso, Feijóo dijo que se teme de antemano cuál va a ser “la respuesta del ‘sanchismo’ a estas propuestas que persiguen revitalizar las instituciones”. “Menosprecio, descalificación y falsedad”, auguró el presidente del PP, que se declaró “habituado” ya a esa reacción por parte de Sánchez que “no revela otra cosa que debilidad y dependencia de sus socios y aliados”.

“Allá ellos. Si el ‘sanchismo’ no nos escucha, sé que lo harán la mayoría de los ciudadanos de España”, valoró el presidente del PP, que al finalizar rubricó un ejemplar de este documento y escribió sobre el mismo que “un gran país necesita instituciones a su altura” y de ahí su “compromiso” para lograrlo y volver a “ponerlas al servicio” del interés general con un documento que supone una alternativa “contra la resignación”.