Así lo dijo en una entrevista a Servimedia la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Navarro, quien reconoció “la necesidad y el interés del sector” en acometer esta reforma tras el pacto alcanzado en diciembre de 2018 y que no llegó a acometerse porque Sánchez adelantó las elecciones generales y la reforma decayó cuando ya estaba en las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

Indicó que para el PP esta reforma no es “urgente” pero Feijóo está dispuesto a ponerla en marcha dentro de su “vocación de diálogo y consenso”, pensando en el “interés general” de las cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que existen en el país y “siempre que se respeten una serie de condiciones”.

Navarro celebró que Pedro Sánchez "por primera vez" propusiera al líder de los populares un acuerdo sobre el artículo 49 en la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio de la Moncloa hace una semana, especialmente cuando el año pasado “no fue así” estando Pablo Casado al frente del PP, pues entonces el Consejo de Ministros aprobó un nuevo texto para reanudar la reforma constitucional sin contar con el principal partido de la oposición.

“Celebramos que ahora haya voluntad de diálogo y consenso”, apostilló al poner de manifiesto que en este asunto debe primar “el interés general” y que el nuevo líder del PP “está dispuesto” a facilitarlo si el Ejecutivo lo hace con el “rigor” de “un informe favorable” del Consejo de Estado que sirva de "aval".

"RIGOR" Y "AVAL" DEL CONSEJO DE ESTADO

Respecto al contenido específico de la reforma, Navarro dijo mirar con "añoranza" la foto que los diputados de la Comisión de Discapacidad del Congreso lograron en diciembre de 2018 al ponerse de acuerdo para modificar el artículo 49 de la Constitución. Entonces consensuaron un texto que la vicepresidenta Carmen Calvo aprobó en Consejo de Ministros y trasladó a las Cortes Generales para su tramitación.

Como las elecciones generales de 2019 truncaron el proceso, el Ejecutivo tuvo que empezar de cero y en mayo de 2021 aprobó un texto diferente al original. El Consejo de Estado emitió un informe al respecto que recomendaba una "mejora y perfeccionamiento" del nuevo articulado con el fin de lograr una "correcta redacción", de manera que hubiera "idoneidad a los fines que se propone" y se evitara un resultado "perturbador".

Navarro se agarró a este hecho para reclamar un "texto alternativo" al aprobado por el Gobierno hace un año dado que no tiene el visto bueno del Consejo de Estado y para el Partido Popular es "importante el rigor de que ese texto tenga el aval" del órgano constitucional que actualmente preside María Teresa Fernández de la Vega, quien fue vicepresidenta del Ejecutivo durante los mandatos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Por ello, insistió en que Feijóo quiere "un informe favorable y ad hoc" para el nuevo articulado que se pacte.

A su juicio, no sería necesario volver a la propuesta consensuada de 2018 porque "no podemos sustituir la voluntad legislativa [actual] por lo que fue" hace más de tres años, especialmente dado que muchos de los diputados que fraguaron aquel pacto ya no están en la política. No obstante, reconoció su labor porque "sembraron y dejaron su semilla puesta" y ahora "tenemos la obligación de recoger los frutos" dando cabida a las sensibilidades y opiniones de todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso y en el Senado.

CONSENSO "DE TODOS" LOS PARTIDOS

Subrayó que la reforma debería salir adelante con "el consenso de todos los grupos parlamentarios" para que no haya "posibilidad de referéndum", puesto que bastaría un 10% de los diputados o de los senadores para solicitar la convocatoria de un referéndum que ratifique la modificación constitucional. Hasta ahora, Vox se ha mantenido al margen y con sus 52 escaños le sobraría para utilizar ese arma y complicar el proceso.

Navarro reafirmó que el cambio de la Carta Magna debería quedarse "única y exclusivamente en esta modificación" y no ir más allá en otros aspectos que plantean habitualmente los socios de Pedro Sánchez, tanto desde la izquierda como desde el nacionalismo y el independentismo. Si sale adelante, remarcó, será "la tercera reforma en la historia de la democracia española sobre la norma suprema" aprobada en 1978.

También parafraseó a Feijóo al subrayar que la reforma debería contar con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), puesto que significaría una "voluntad de acuerdo y de diálogo" por parte de los representantes políticos. "Todo en la vida tiene un punto de encuentro y lograr ese punto de encuentro es avanzar. De lo contrario, no se avanza. Se pueden realizar determinados cambios, pero en este caso, el punto de encuentro es fundamental y la voluntad de llegar a acuerdos también es necesaria y esa ya la ha puesto el presidente Feijóo", señaló.

Navarro evitó marcar un horizonte temporal para sacar adelante la reforma a pesar de que la propuesta del Gobierno va a cumplir un año en trámite parlamentario y hasta ahora no había podido prosperar porque el PP de Pablo Casado desconfiaba de las verdaderas intenciones de Pedro Sánchez, pues temía que pudiera emplearla como caballo de Troya para otras modificaciones demandas por sus socios.

Ahora que Feijóo ha tomando las riendas del PP, la nueva vicesecretaria de Política Social indicó que, "si se cumplen las prisas de rigor en el texto", el plazo debería ser "el tiempo que técnicamente nos lleve llegar a este acuerdo", sin querer concretar si sería factible este mismo año o si debería hacerse antes de los procesos electorales previstos para 2023 con los comicios municipales en toda España.