En una entrevista en Servimedia, el líder de la oposición hizo esta reflexión después de que el jefe del Ejecutivo afirmase en su comparecencia de balance de 2022 que, “desde luego, no se va a producir” el referéndum de independencia que ha vuelto a demandar el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para este mismo año.

Feijóo se acogió a la hemeroteca para afirmar que todas aquellas cuestiones que Sánchez “se comprometió a no hacer en Cataluña, las hizo” siguiendo un patrón de comportamiento ya “conocido por todos” y que implica que el independentismo hace una reclamación, el presidente asegura que “no lo hará”, sus socios le avisan de que “peligra la estabilidad parlamentaria” y al final admite esa petición como “la más audaz” al tiempo que acusa al PP de “crispar”.

Desde esta premisa, el líder de la oposición vaticinó que “cuando al Gobierno le interese o cuando al Gobierno le sea imprescindible” se asumirá la celebración de una consulta o de un referéndum en Cataluña siguiendo “la coherencia” del comportamiento con respecto a las relaciones con el independentismo hasta la fecha.

“Es un hecho factible” dicho referéndum, admitió Feijóo, para quien esto podrá ocurrir “cuando ERC, en su lucha con Junts per Catalunya en ver quién es más independentista de los dos, lo plantee”. A ello unió que "una ministra dice que es un planteamiento legítimo" y que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, señala que “le parece que procede hacer una consulta” y “que no es un referéndum”. “Vamos a ver cuál es la diferencia aparente entre las dos”, replicó el líder del PP.

En todo caso, Feijóo enjuició que “probablemente en el año 2023 esto con un año electoral le perjudique al PSOE y Esquerra lo entienda”. “Pero en tanto en cuanto pase el año 2023 y Esquerra lo necesite, si continúa el bloque sanchista-independentista, pues creo que debemos estar preparados ante esa eventualidad”, alertó.

“Me gustaría equivocarme, pero lamentablemente es que la hemeroteca, las decisiones de Sánchez y el comportamiento del independentismo desmienten la hipótesis de que nunca se producirá una consulta en Cataluña y, por tanto, acreditan la posibilidad de que sí se produzca”, remarcó.

BLINDAR UNIDAD TERRITORIAL

Una consulta sobre la integridad de España sería “ilegal” porque "tiene que tener la autorización preceptiva" y “choca” con el artículo 2 de la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. “Si hay un cambio de Gobierno, lo lógico es que volvamos otra vez a blindar la unidad territorial”, prometió en el caso de llegar al poder.

De tal manera, se refirió a su compromiso de que “la barrera de la sedición vuelva a formar parte del Código Penal”. “Y lógicamente que cuando uno atenta contra la integridad de su país, como ocurre en Alemania, ocurre en Francia, en Italia o en cualquier nación occidental eso esté tipificado como un acto ilegal”, se reafirmó.

Feijóo hizo hincapié en que “los actos ilegales no se negocian con los que cometen esos actos ilegales” porque así se “destruyen las bases democráticas y se atenta contra el Estado de derecho”. Por tanto, insistió en que “una consulta sobre la integridad nacional en la que solamente vote una parte de la nación es contraria a la Constitución de 1978”.

De llegar a La Moncloa, prometió recuperar el delito de referéndum ilegal y también el de sedición, alegando que “eso es bueno para clarificar el campo de juego y es bueno para regenerar la vida política española”. También quiso decirle “a todo el mundo que todo es posible, todo se puede hablar”. Ahora bien, puntualizó que “dentro de las leyes”, ya que “no hay democracia” fuera de las mismas.

Del mismo modo, se remitió a su promesa de “recuperar la ética y poner barreras contra la corrupción política” tras la modificación del delito de malversación. “Este servilismo hacia el mundo independentista puede tener una serie de efectos judiciales difíciles de abarcar, porque una vez que legislas lo que has escrito ya no te pertenece” y “ya es cuestión de los letrados, de los abogados, de los procuradores, de los jueces, de los magistrados y de los tribunales”, avisó.

Por tanto, a la espera de “cómo se interpreta la malversación” de un acalde, de un consejero o de un político de la Administración General del Estado, tildó de “muy, muy temerario lo que se ha hecho con carácter general”. “Y me parece una inmoralidad lo que se ha hecho con carácter particular para beneficiar a unas 30 personas que están condenadas o pendientes de juicio e imputadas por el ‘procés’”, apostilló.