La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, convocó al grueso de su partido el pasado 2 de julio a través de una carta a la que pudo acceder Servimedia. Todo dentro de la normalidad, ya que lo habitual es celebrar todos los meses una reunión de la Junta Directiva Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional.

La convocatoria del máximo órgano de dirección del partido entre Congresos atendía inicialmente a la voluntad de hacer balance del curso político justo cuando se cumple un año de las elecciones generales del 23 de julio. Tras la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aprobó la amnistía y se celebraron elecciones autonómicas de forma consecutiva en Galicia, País Vasco y Cataluña. El ciclo electoral concluyó con las europeas en las que el PP se impuso y amplió su distancia con el PSOE hasta los cuatro puntos. Y finalmente desencalló el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, los hechos acontecidos en las últimas semanas –ruptura unilateral de Vox y la crisis migratoria de Canarias– tendrán gran protagonismo en el orden del día del encuentro, el primero en el que Feijóo podrá conversar cara a cara con todos sus barones a la vez.

La misiva se envió apenas cinco días después de que la dirección nacional del partido dirigido por Abascal lanzase el primer aviso a Génova. Enseñaron entonces sus cartas al PP y dijeron que aceptar la reubicación de los menores extranjeros no acompañados podía ser la línea “crítica” de los pactos. Un día después, el 28 de junio, Feijóo desoyó la advertencia y garantizó la “solidaridad” de sus gobiernos autonómicos.

GOBIERNOS EN MINORÍA

Ninguna de las dos partes se movió un milímetro y acabaron chocando frontalmente este pasado jueves. El PP aceptó que las cinco comunidades en las que gobernaba en coalición con Vox –Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia– acogieran a 110 menores, al tiempo que expresó su rechazo a la modificación de la Ley de Extranjería para reubicar de forma automática y obligatoria a otros 3.000 jóvenes que se encuentran en Canarias. Y Santiago Abascal rechazó dar marcha atrás y consumó su amenaza aun tratándose de solo un centenar de menores.

Aunque los cinco barones del PP que han roto con Vox han mantenido un diálogo fluido con Feijóo esta última semana, tendrán la oportunidad de compartir su diagnóstico ante la plana mayor del partido. Por el momento, han optado por gobernar en minoría y han cerrado la puerta a unas elecciones anticipadas en el corto plazo.

En las comunidades existe cierta inquietud ante el nuevo escenario. Pero esa preocupación por la viabilidad de sus respectivas legislaturas –que, salvo en el caso de Castilla y León, tienen tres años por delante– contrasta con la satisfacción de algunos cargos de la dirección nacional del PP.

Uno de ellos, incluso, afirmó antes de que Vox rompiera los pactos que este “órdago mal calculado” de Abascal era incluso “un regalo caído del cielo”. Otras voces, en cambio, mostraban su extrañeza con la estrategia de Vox. “Tienen todo estudiado al detalle. No le encuentro sentido”, reconocía otra persona con sillón en el Comité de Dirección de Feijóo al tiempo que Abascal reunía a su Comité Ejecutivo.

LEY DE INMIGRACIÓN

Otro de los temas que, salvo sorpresa, estará encima de la mesa de la Junta Directiva Nacional es la crisis migratoria que sufre Canarias y, con menor intensidad, Ceuta. El PP gobierna en ambos territorios –en Canarias ostenta la vicepresidencia–, que claman por una solución inmediata para dar salida a miles de menores extranjeros no acompañados ante su falta de capacidad para acogerlos.

El Gobierno central ha consensuado con el de Canarias una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para permitir traslados automáticos y obligatorios de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas y aliviar la situación que vive el archipiélago, que atiende a unos 6.000 jóvenes migrantes en estos momentos.

El texto se registrará este lunes en el Congreso de los Diputados con la previsión de que se vote su toma en consideración en el Pleno del próximo 23 de julio. El Gobierno fuerza así al PP a consensuar con sus barones una posición común. En estos momentos, en Génova se inclinan por votar en contra, como defienden la práctica mayoría de sus barones. Sus líderes en Canarias y Ceuta son partidarios de este sistema si se aplican medidas compensatorias como un fondo de contingencia.

En el PP hay quien apunta ya que la ley es inconstitucional porque supone una “invasión de competencias” autonómicas. Si bien las competencias de inmigración son del Gobierno, como reitera siempre Feijóo, la tutela y protección de los menores no acompañados recae en las comunidades.

Por el momento, los ejecutivos autonómicos siguen estudiando el texto, que les llegó en la víspera de la Conferencia Sectorial del miércoles.