Según explicó Femyts en un comunicado, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 recoge la desaparición de las empresas colaboradoras con la Seguridad Social en materia de asistencia sanitaria e incapacidad temporal, una opción a la que desde la década de los 60 podían acogerse grandes empresas, que ofertaban servicios médicos propios y obtenían de esta manera un descuento en sus cotizaciones a la Seguridad Social.

"Es una frivolidad que una medida de este calado se trate de poner en marcha sin una planificación previa de los servicios que van a dejar de prestarse y, sin establecer los necesarios refuerzos humanos, materiales y económicos que deben articularse para atender a una población de 200.000 habitantes, equivalentea ciudades como Móstoles, Oviedo o Pamplona", sostienen estos facultativos.

El número de afectados en la Comunidad de Madrid supera los 200.000 ciudadanos, "que ahora tendrán que ser atendidos en los servicios sanitarios públicos, incrementando su masificación y provocando un aumento de las listas de espera", argumentan los facultativos de esta federación.

A su juicio, la Administración General del Estado, "no puede desentenderse de la asistencia sanitaria de 200.000 ciudadanos y traspasar la patata caliente a los servicios sanitarios públicos de la comunidad autónoma sin ofrecer alternativas".

Desde el punto de vista de Femyts, el volumen de atención prevista no puede improvisarse de aquí al 1 de enero de 2009, por lo que es necesario determinar previamente las concentraciones de esta población por lugar de residencia y tramos de edad y, en función de esos datos, redistribuir las infraestructuras existentes y calcular el número de profesionales médicos, de enfermería y auxiliares que serán necesarios.

Ante esta situación, Femyts hace un llamamiento al Gobierno para que retire la supresión de las empresas colaboradoras y abra un periodo transitorio de adaptación negociado con las respectivas comunidades autónomas.