Según informó la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), organización española adscrita a la FEP, en esta jornada se quiere "denunciar de manera especial las situaciones de precariedad laboral y profesional que afectan al conjunto de los profesionales de la información".

"Rechazamos rotundamente las acciones de las empresas de comunicación que, bajo el pretexto de la actual situación de crisis económica, llevan a cabo una perversa política de regulación encubierta de sus plantillas", afirma la FeSP en un comunicado.

A su juicio, la disminución real de la publicidad, que afecta a algunas de estas empresas, "no justifica estas maniobras, cuando muchos de esos medios siguen declarando importantes ganancias".

"Estas políticas salvajes contra el empleo de los trabajadores de los medios acarrearán, como daño compartido por toda la ciudadanía, un fuerte deterioro de la calidad de la información que reciben", agrega la nota.

La federación española reclama al Parlamento que, con urgencia, apruebe una ley de regulación laboral de la profesión periodística "que acabe con la explotación de los periodistas 'a la pieza', que afecta a más del 30% de los informadores y que constituye un fraude a la Seguridad Social de millones de euros, permanente y consentido por las autoridades".

La FeSP también hace un llamamiento al Gobierno y a los legisladores para que cumplan con su obligación de garantizar el derecho a la información de la ciudadanía, para lo que ve imprescindible una ley que regule ese derecho a la que se ha comprometido el PSOE.

La federación exige que esa ley reguladora del derecho a la información garantice como mínimo la libertad de acceso a las fuentes y la existencia de comités de redacción en los medios y que regule el acceso a la profesión.

También aboga por que la norma preserve los derechos de autoría de los informadores, imponga el cumplimiento de las normas deontológicas de la profesión y contemple la creación de una autoridad de la información independiente que asegure a los ciudadanos su derecho a recibir información veraz, plural y completa.

"Sólo respondiendo a estas justas demandas de los profesionales de la información podrán decir nuestros parlamentarios que cumplen con su obligación de proteger un derecho fundamental que es básico para preservar la democracia real", concluye la nota.