En primer lugar, la organización considera innecesaria la elaboración de una ley de estas características, "toda vez que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo a lo largo de toda su existencia no han prescrito y, por lo tanto, lo que se debe aplicar es la legislación internacional para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad".

En el comunicado se afirma, al respecto, que "el Gobierno ha ignorado las recomendaciones realizadas por Amnistía Internacional y el Equipo Nizkor".

En segundo lugar, continúa, "consideramos que equiparar a una banda de facciosos, que iniciaron un criminal golpe militar contra el gobierno legítimo de la II República elegido democráticamente por el pueblo español, con los hombres y mujeres que defendieron la legalidad, es una forma de revisionismo histórico que en otros países de nuestro entorno sería perseguido por la ley".

AFRENTA

Además, "las dotaciones económicas para indemnizaciones y pensiones que se esgrimen en la ley, por su escasa cuantía y por no hacerse extensiva a todos los colectivos represaliados y luchadores antifranquistas, suponen una afrenta para todos los represaliados, luchadores antifranquistas y sus familias".

Igualmente, la federación lamenta que "tampoco se mencionan la devolución de los bienes incautados a los defensores de la legalidad republicana ni las multas impuestas como consecuencia de la aplicación de las leyes represivas franquistas".

Por otro lado, la citada organización entiende que "el Gobierno español transforma la memoria democrática colectiva de nuestro país en una memoria personal y familiar, obviando cuestiones políticas, jurídicas, sociales y culturales que la afectan".

"Consideramos que el Gobierno español, lejos de querer fortalecer nuestra democracia haciéndola avanzar en materia de derechos humanos, practica una forma de involución, volviendo a dejar nuestra democracia asentada sobre la impunidad de los crímenes franquistas".

La Federación Estatal de Foros por la Memoria exige al Gobierno "que siga las recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos" y hace un llamamiento a toda la población para "que realice actos de desobediencia civil pacífica hasta conseguir que en el Estado español se aplique la legislación internacional de derechos humanos y lucha contra la impunidad".