En una rueda de prensa celebrada esta tarde para explicar su postura sobre la reordenación del sector eléctrico, la dirección de la Federación de CCOO de la Energía se mostró a favor de mantener la moatoria nuclear, pero consideró inviable un cierre inmediato de las centrales activas.

El secretario de Acción Sindical de la federación, Joaquín Callejón, aseguró que, "aunque tiene sentido como posición ética, económicamente no se puede apostar por el cierre de las centrales nucleares porque esa medida tiene un coste inasumible para el país en las tarifas eléctricas".

Agregó que la producción de origen nuclear podría cubrirse con las centrales eléctricas de fuel oil y comprando parte del suminisro a Francia, pero "eso produciría una salid de divisas impresionante".

Callejón señaló que la peligrosidad de la energía nuclear no obedece tanto al nivel de seguridad de las centrales, que es alto, como a la falta de atención por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, que no dispone de medios suficientes de supervisión.

Reconoció, no obstante, que en el seno del sindicato hay abierto un debate sobre la conveniencia de cerrar las nucleares y que, en este punto, la Federación de la Energía no concide con los planteamientos de la organización confederal del sindicato.

NACIONALACION DEL SECTOR ELECTRICO

Por otra parte, el dirigente de CCOO defendió la nacionalización del sector eléctrico ya que, a su juicio, las empresas privadas han demostrado su incapacidad para realizar una buena gestión sin cargar sus problemas financieras en las tarifas.

Asimismo, CCOO se opone a la concesión de exenciones fiscales para operaciones de fusión entre empresas privadas y quiere que el Gobierno apueste or el crecimiento del sector eléctrico público. A este respecto, Callejón valoró positivamente la entrada de Endesa en Sevillana de Electricidad y en Electra de Viesgo.

Sin embargo, se pronunció contra la segregación de los activos de producción y distribución que pretende el Ministerio de Industria, por entender que aumentaría el precio de las tarifas y provocaría una reducción en el empleo del sector, que ocupa a 58.000 trabajadores.