JUSTICIA

LA FEDERACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CCOO CELEBRA EL ACUERDO CON BERMEJO PORQUE RECOGE SUS DEMANDAS

MADRID
SERVIMEDIA

La Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CCOO se felicitó hoy por la firma del preacuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y los sindicatos CCOO y UGT, que pone fin a la huelga que mantenían desde hace dos meses los trabajadores de la Administración de Justicia no transferida.

El secretario general de la FSAP-CCOO, Miguel Segarra, afirmó en un comunicado que el preacuerdo cuenta con el apoyo de todas las organizaciones sindicales y recoge en un 95 por ciento las reivindicaciones económicas planteadas, al tiempo que incluye mejoras sobre salud laboral y los procesos de transferencias a las comunidades autónomas.

El capítulo 7 del preacuerdo señala una subida salarial de 160 euros con efectos de enero de 2008 (desglosados en 80 euros que empezarán a cobrar de inmediato y que pasarán a 160 euros a partir de julio, y una paga única de 480 euros en enero de 2009). Desde el 1 de enero de 2009 los funcionarios percibirán íntegramente los 160 euros por mes reconocidos en el año 2008, a los que se añadirán 30 euros más a partir de julio de 2009.

Asimismo, el preacuerdo, que deberá ser ratificado mañana por la Comisión Ejecutiva de la FSAP-CCOO, establece la creación de mesas negociadoras sobre prevención de riesgos y el compromiso del Ministerio a informar a los sindicatos sobre distintos aspectos laborales en el marco de los procesos de transferencias a las comunidades autónomas.

Segarra manifestó que el texto consensuado con el Ministerio es "fruto del sacrificio de los funcionarios de Justicia, que han sabido mantener las movilizaciones durante dos meses, con el esfuerzo que ello supone". Igualmente, recordó que el Ministerio se compromete a poner en marcha un Plan Concreto de Actuación con el que pretende, en el plazo de tres meses, resolver el atasco judicial ocasionado por el conflicto.

En opinión de Segarra, este aspecto es muy importante porque los ciudadanos podrán recibir un servicio público como el de Justicia acorde con los criterios de eficacia, calidad y rapidez que son exigibles en un país moderno.

(SERVIMEDIA)
07 Abr 2008
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