En un análisis sobre los próximos presupuestos de la Seguridad Social, publicado este miércoles, Fedea muestra su disconformidad con que se recurra a las transferencias del Estado “para financiar unos supuestos gastos impropios de la Seguridad Social que, al menos en parte, no son tales y por tanto no deberían correr a cargo del Estado”.

La fundación advierte de que estos trasvases ascienden ya al 1,4% del PIB y tienen el efecto de trasladar una porción del déficit real de la Seguridad Social contributiva a las cuentas del Estado, “ofreciendo una imagen no ajustada a la realidad de la salud financiera del sistema contributivo de pensiones”.

Explica que si se substrae esta partida de los ingresos del sistema, así como los ingresos del Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI) que van al fondo de reserva, el déficit real sería del 2,4% del PIB, lo que supondría el 72 por ciento del déficit de los Presupuestos de 2023 y el 60 por ciento del saldo negativo de todas las administraciones públicas. Con estas correcciones, la senda del déficit de la Seguridad Social contributiva mantiene la tendencia negativa iniciada en 2008.

Del presupuesto del Sistema de la Seguridad Social para 2023, Fedea resalta la partida de pensiones, que absorbe algo más del 85% del gasto, y “está en el punto de mira público debido al fuerte aumento que comportará la actualización de estas prestaciones con la tasa media anual de crecimiento del Índice de Precios al Consumo, en un contexto de muy elevada inflación (en torno al 8,5%) provocada por un fuerte shock externo que afecta a toda la sociedad”.

Además de la subida de las pensiones, Fedea también subraya la mejora de las dotaciones del Ingreso Mínimo Vital y la Atención a la Dependencia. En el capítulo de ingresos, considera mencionable el nuevo aumento de las cotizaciones sociales como resultado de la subida de la base máxima con la inflación y el incremento durante 10 años del tipo de cotización en seis décimas para constituir el fondo de reserva previsto en el MEI “y que por tanto no deberían contabilizarse como ingresos corrientes”.