En un informe publicado este lunes, el organismo hace balance de la gestión de los fondos europeos y propone 14 puntos de mejora. Entre ellos, llama a la clase política a llevar a cabo un “proceso de reflexión” para “reforzar los consensos políticos, sociales y territoriales en torno a la definición, ejecución y seguimiento del Plan”, y para mejorar sus mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas”.

“Entre otras cosas, un mayor consenso sería importante para asegurar la continuidad en la ejecución del Plan tras las elecciones previstas en 2023 y 2024”, prosigue el texto, que apunta así a los cambios que podrían derivar de los comicios autonómicos y municipales convocados para el próximo 28 de mayo, así como las elecciones generales de diciembre.

El documento ha sido confeccionado por representantes de múltiples multinacionales españolas, entre ellas, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Cellnex y Repsol, que piden así más sosiego a los políticos ante la escalada de la polarización previa a las elecciones.

Con esta “reflexión estratégica”, Fedea pretende que, de cara a la segunda fase del despliegue del Plan, se actualicen los objetivos y plazos de los fondos europeos y se reasignen parte de sus recursos en correspondencia. “Debería elaborarse una hoja de ruta realista para el despliegue del resto del Plan que permita maximizar su impacto y reduzca el riesgo de que se desperdicien parte de sus recursos o se utilicen de forma poco productiva”, indica el texto.

Por otro lado, en materia de gobernanza, considera “necesario” reforzar los mecanismos de diálogo y coordinación entre las diferentes administraciones públicas, así como valorar la creación de un grupo independiente de seguimiento, análisis y evaluación.

MÁS ALLÁ DE 2026

Asimismo, Fedea apuesta por abrir ya “un diálogo” con las instituciones europeas para “explorar” las posibilidades de extender más allá de 2026 los plazos fijados para la ejecución de las ayudas del Plan de Recuperación, siempre y cuando sea preciso hacerlo.

También quiere que el Gobierno tantee con Bruselas la posibilidad de ampliar los márgenes para la concesión de ayudas de estado a sus inversiones, así como para clarificar y en su caso modular las exigencias de carácter ambiental, “con el fin de elevar la intensidad de las ayudas y de facilitar la puesta en marcha de grandes proyectos industriales en sectores estratégicos de interés europeo”.

Por último, el informe aboga por “aumentar la ambición” de las reformas comprometidas y su alineamiento con las recomendaciones del semestre europeo. En este sentido, señaló que es “importante” que la segunda fase de la reforma de pensiones incluya medidas que contribuyan “significativamente” a mejorar la sostenibilidad del sistema, “fundamentalmente mediante el control del crecimiento del gasto”.