La normativa legal por la que se rige la Comunidad Autónoma Andaluza indica que cualquier proceso electoral debe celebrarse entre los treinta y sesenta días posteriores a la disolución de las cámaras representativas o a la expiracón del mandato.

La convocatoria de las últimas elecciones autonómicas el 23 de junio de 1990, un día después de que expirara el mandato de los parlamentarios elegidos cuatro años antes, provocó que el ex senador centrista, Francisco Villodres, recurriera ante la Sala de lo Contencioso y Administrativo del TSJA la citada convocatoria electoral.

Villodres, que fue ponente constitucional en el Senado y del Estatuto de Autonomía de Andalucía, estima que aquella decisión del anterior presidente de la unta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, vulneró el Estatuto de Autonomía y la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración Autónoma.

El recurso, que fue planteado ante el TSJA en abril de 1990, podría ser resuelto en breve, según señaló a Servimedia Francisco Villodres, si bien cabe la posibilidad de presentar contra el ditactamen del Alto Tribunal Andaluz recurso de anticonstitucionalidad.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía no reconoce al presidente de la Junta la potestad para disoler el Parlamento, por lo que, según indica el actual régimen jurídico "las elecciones al Parlamento de Andalucía debieran celebrase entre los días 1 de julio y 31 de agosto", si bien atribuye al presidente autonómico la posibilidad de anticipar el proceso electoral #un máximo de sesenta días#.

No obstante, esta circunstancia sólo sería posible con la disolución previa del Parlamento, cuyo mandato, según el propio Estatuto de Autonomía, concluye "cuatro años después de su elección", por lo que la únicavía posible para adelantar los comicios regionales sería la reforma del Estatuto.

A juicio de Francisco Villodres, un dictamen favorable del TSJA a su recurso "podría declarar nulas las elecciones autonómicas de 1990", si bien reconoce que "por fuerza mayor" no se declararían ilegales los actos, leyes y decretos aprobados en esta legislatura.

COINCIDENCIA DE ELECCIONES

No obstante, el ex senador Villodres considera que el dictamen podría influir en la próxima convocatoria electoral autonómica, ue a juicio del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía deberían celebrarse el 12 de junio, para hacerla coincidir con las elecciones al Parlamento Europeo.

La oposición política andaluza ha mostrado su reticencia a la coincidencia de fechas, porque aseguran que los problemas andaluces quedarían solapados por el debate europeista. Sin embargo, la Junta de Andalucía quiere consensuar la fecha definitiva con los grupos políticos. En este sentido, Francisco Villodres asegura que "ni por el consenso olítico se pueden saltar la ley".

"Se ha dicho que las elecciones autonómicas no se pueden celebrar en agosto porque hace mucho calor, pero no existe excepción o matización alguna a los preceptos legales y deben ser cumplidos en sus términos, se inverno o verano, haga frío o calor, llueva o ventee", proclamó el ex senador.

A su juicio, el recurso que presentó por la convocatoria de las elecciones de 1990 es "una bomba que está apunto de estallar", asegurando que la Junta de Andalucía "está en un allejón sin salida" cuando se plantea la fecha de los nuevos comicios.

El hecho de que las elecciones autonómicas de 1994 se celebren el 12 de junio de 1994 tampoco se ajustaría al Estatuto de Autonomía, puesto que el mandato de los parlamentarios no expiraría hasta el doce días después.

REFORMA DEL ESTATUTO

Diversos grupos de la oposición andaluza se han mostrado favorables a promulgar una ley que confiera al presidente de la Junta de Andalucía la potestad de disolver al Parlamento.

Sin ebargo, el ex senador Francisco Villodres cree que para que el presidente del Gobierno andaluz pueda disolver la legislatura sería necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía, primero en el Congreso de los Diputados y después en un referéndum vinculante.

Villodres señala que en el artículo 152.2 de la Constitución se exige el referéndum para cualquier modificación estatutaria de aquellas comunidades que accedieron al autogobierno por la vía del 151.