El director general de FEAPS participó hoy en la Comisión no Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, donde hizo un repaso de los puntos recogidos en el Libro Blanco para la Dependencia y propuso algunas sugerencias para mejorar el futuro Sistema Nacional de la Dependencia.

En cuanto a la financiación del sistema, señaló que su organización coincide con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) al considerar que la protección de la dependencia debe estar encuadrada dentro del Sistema de la Seguridad Social si a lo que se tiende es a reconocerlo como un derecho universal para las personas que lo precisan.

"Los servicios de dependencia deberán tener el mismo trato que los otros servicios, la educación y la sanidad, y si la educación es gratuita, la prestación de los servicios sociales deberá serlo también", si es que se considera como el cuarto pilar del sistema de bienestar, recalcó Azúa, quien añadió que "es verdad que la universalidad no implica la gratuidad de los servicios, si bien no significa tampoco que la solución sea el copago".

Por otra parte, el director general de FEAPS propuso que el sistema de la dependencia cuente con un "periodo de lanzamiento" de dos años que permita la puesta en práctica de todos los servicios previstos y su ajuste financiero, así como que posibilite la creación de un sistema de evaluación y baremación de la dependencia.

RED DE SERVICIOS SOCIALES

Azúa pidió al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que el futuro Sistema Nacional de la Dependencia incluya una amplia red de servicios sociales, puesto que los que hay ahora "son insuficientes".

"Nos parece fundamental la creación de una red de servicios", indicó Azúa, que incluya residencias y centros de día, y que tenga en cuenta "las necesidades individuales y de cada una de las discapacidades".

En este sentido, Paulino Azúa propuso que el Sistema Nacional de la Dependencia se haga eco de la cartera de servicios sociales de FEAPS, que recoge 13 servicios de carácter especializado para las personas con discapacidad intelectual, y que tenga siempre en cuenta las características concretas de cada tipo de discapacidad.

Así, calificó de "necesaria y urgente" la creación de nuevas leyes de servicios sociales y carteras de servicios en las comunidades autónomas que impidan el solapamiento en las prestaciones y que faciliten la puesta en marcha de las ayudas, que siempre serán más fáciles de prestar para los organismos más próximos a los usuarios.

Para evitar igualmente el solapamiento de esfuerzos, indicó que no es necesario un nuevo sistema de valoración de la minusvalía que sustituya al actual certificado, pues además de redoblar esfuerzos, "produciría un colapso en las oficinas" cuando lo solicitaran todas las personas en situación de beneficiarse del sistema de dependencia.

Todas estas medidas, concluyó el director de la Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, habrán de tomarse en el marco de un pacto de Estado en el que la coordinación de las administraciones públicas quede garantizada y en el que se cuente también con la opinión y la experiencia de las organizaciones que trabajan en favor de los discapacitados y dependientes.

En este sentido y a modo de ejemplo, Paulino Azúa dijo que mientras el Libro Blanco de la Dependencia propone la creación de 20.376 plazas residenciales para discapacitados intelectuales, la realidad demuestra que serían necesarias otras 42.000 para hacer frente a la situación actual.