En un comunicado, FEAFES consideró "inadmisibles" y una "auténtica barbaridad" estos hechos, aunque destacó que se trata de un acontecimiento aislado.

A su juicio, las Administraciones públicas han de ejercer una labor "contundentemente responsable en las autorizaciones de puesta en marcha y posterior seguimiento y control de los centros y recursos de atención, tanto si se trata de gestión pública como privada".

FEAFES recuerda que viene denunciando desde hace mucho tiempo el déficit asistencial en materia de salud mental, tanto desde el punto de vista sanitario como social, ydefiende la gestión pública de la atención a personas con enfermedad mental, y en su defecto la gestión privada por parte de entidades sin ánimo de lucro, como es el caso de las asociaciones miembro de la confederación, entre otras, en cuyos centros la participación de los propios afectados y sus familiares o allegados está garantizada.

El movimiento asociativo de personas con enfermedad mental y sus familiares confía en que la Justicia esclarezca y dictamine sobre estos hechos que suponen un atentado contra los derechos humanos, más grave aún si cabe al tratarse de personas enfermas, más desprotegidas y vulnerables.

Para la Confederación, que representa a 179 entidades y más de 32.000 familias en todo el territorio nacional, uno de los elementos que garantizan una mayor calidad asistencial es la gestión de las propias personas con enfermedad mental y sus familiares y allegados.