Esta resolución judicial aplica por primera vez en España la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en octubre de 2021 avaló la reserva de licitaciones públicas exclusivamente a favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social establecida en la Ley de Contratos del Sector Público.

Tal y como indicó entonces este Tribunal, el artículo 20 de la Directiva 24/2014 no se opone a la posibilidad de que el Estado miembro imponga requerimientos adicionales a los incluidos en dicho precepto y aplique restricciones más severas en su legislación, con el objetivo de perseguir fines de política social y de empleo mediante instrumentos de contratación pública.

Desde Feacem y Cermi recordaron que los Ceeis tienen una finalidad social reforzada, no lucrativa, con la obligación de reinvertir íntegramente sus beneficios en la creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y actividad de economía social.

En este sentido, el TSJ de Cataluña considera que la restricción establecida en la normativa española no persigue favorecer a un tipo de entidades, sino una concreta finalidad, que es facilitar la integración laboral de los colectivos de personas desfavorecidas, en este caso las personas con discapacidad.

Por tanto, la reserva de licitaciones públicas a favor de los Ceeis no se presenta como arbitraria o falta de justificación, considerando que la discriminación se fundamenta en la garantía del perfil social de las entidades y, especialmente, en la obligación de reinversión de los resultados de la actividad en la propia finalidad de integración de personas con discapacidad. Estas características inicialmente permiten prever una dedicación más intensa y una mayor eficacia de la reserva de contratos en orden a la finalidad que la justifica, concluye el tribunal en su sentencia.

Para Cermi y Feacem, con esta sentencia, la justicia respalda, una vez más, el valor diferencial de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y confirma el valor de la contratación pública como instrumento de política social.