Esa ficción jurídica tiene por objeto compensar a la empresa de las pérdidas sufridas. El Gobierno regional considera que hubo causas de fuerza mayor, como alegaba la empresa, que impidieron la llegada de los camiones que transportaban desde Francia las piezas necesarias para la fabricación de los ehículos.

La aprobación de este expediente de regulación costará al INEM unos 60 millones de pesetas y otro tanto a los casi 7.000 trabajadores de las factorías de Valladolid y Palencia, que de esta forma costean a medias las pérdidas de la empresa, algo que los sindicatos consideran "inadmisible". A su juicio, la paralización de la producción ha de ser achacada exclusivamente a la irresponsabilidad de Fasa-Renault, que no había previsto esta contingencia.