La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de pleno derecho del Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud -el sistema de evaluación vigente que impulsó la Dirección General de Cartera Común y Farmacia en el año 2020- supone una oportunidad única para mejorar el acceso a la innovación de los pacientes en España.

De hecho, añadió Ana Bosch, “la sentencia supone una oportunidad única para llegar a una solución de consenso entre todas las administraciones públicas implicadas de forma que se eviten reevaluaciones innecesarias de medicamentos que pueden suponer una demora o restricción en el acceso a la innovación y que están ocasionando un claro perjuicio para los pacientes en España”.

Durante la celebración de la mesa de diálogo ‘¿Cómo preparar ya el terreno en España para mejorar la disponibilidad de medicamentos?’, la portavoz jurídica de Farmaindustria recordó que España está viviendo en los últimos años una preocupante situación tanto de disponibilidad de fármacos y tiempos de demora en su acceso, como de diferencias en el acceso por comunidades autónomas.

EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS

En muchos de estos casos, dijo, esto es debido a la inexistencia de procedimientos adecuados para la evaluación, financiación y fijación de precio de los medicamentos, y así como reevaluaciones regionales y la falta de un procedimiento adecuado para la adquisición de medicamentos por parte de los centros y servicios de las propias CCAA.

En ocasiones, agregó, “las diferencias en el acceso tienen su origen en los informes de reevaluación de los medicamentos llevados a cabo por las Comisiones de Farmacia y Terapéutica autonómicas. Unos informes que las CCAA pueden legítimamente realizar porque están amparadas en sus competencias constitucionales, pero que en todo caso no pueden suponer diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos”.

El Plan había convertido a los IPT en un informe obligatorio para adoptar las decisiones de financiación haciendo que el procedimiento se alargara en exceso, impidiendo el cumplimiento del plazo de 180 días previsto en la Directiva de Transparencia.

Además, se introdujo la evaluación económica en el IPT, de forma que el posicionamiento terapéutico del nuevo fármaco dependía no sólo de los resultados clínicos, sino también de su coste.

De hecho, según se puso de manifiesto durante el Encuentro, desde la notificación de la sentencia a finales del pasado mes de julio, los Informes de Posicionamiento Terapéutico que ha publicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en este periodo ya prescinden de la información y evaluación económica, asumiendo la Agencia Española de Medicamentos su autoría al desaparecer cualquier mención al sistema de evaluación anterior (Revalmed) o a la Comisión Permanente de Farmacia.