Según informó hoy fuentes de la Consejería de Presidencia, el Tribunal considera que el proceso de adjudicación iniciado el pasado mes de julio, una vez que el Tribunal Supremo se pronunció a favor de la baremación utilizada, cumple con todos los requisitos exigibles.

Respecto a las competencias que la Junta tiene sobre el servicio farmacéutico, la resolución enumera diversas normativas legales que desestiman está razón y argumenta que, según el artíulo 150 de la Constitución Española, "la materia ordenación farmacéutica debe entenderse incluida en la más genérica de sanidad e higiene, respecto a la cual la Junta de Comunidades tiene competencias de desarrollo legislativo y ejecución".

También desestima que en el procedimiento se vulnere el principio de libertad de empresa, argumentada por los demandantes, y afirma que "en este supuesto es donde se observa claramente la esquizofrenia del planteamiento de los actores al ampararse indistinta y simutáneamente en preceptos constitucionales referidos a la libertad de empresa por un lado y al acceso a la función pública por otro".

Al ser desestimados los recursos, el Gobierno regional ha hecho públicos los nombres de los adjudicatarios de estas 297 oficinas de farmacia que permitirán que más de medio millón de habitantes y 137 municipios y barrios tengan cerca una oficina de farmacia.

Este grupo de farmacéuticos ya había intentado paralizar el proceso iniciado por la Junta de Comunidades en 198, con los mismos resultados que en esta ocasión.