A juicio del Gobierno andaluz, el acuerdo carece de cobertura legal al habe sido suscrito por la ministra de Sanidad en nombre y representación del Pleno del Consejo Interterritorial de Sanidad, sin que este órgano (en el que participan las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas) haya tenido conocimiento, ni prestado su consentimiento para la firma, incumpliéndose la normativa vigente sobre adopción de acuerdos por órganos colegiados.

A juicio del Consejo de Gobierno, el Pacto invade claramente las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en matera de Sanidad interior, especialmente en lo relativo a la ordenación de los servicios farmacéuticos, competencia exclusiva de la Junta.

También considera una intromisión en el ámbito competencial el compromiso por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo de facilitar a Farmaindustria la información sobre la facturación mensual por recetas de la Seguridad Social, detallada por laboratorios, especialidades farmacéuticas y comunidades autónomas, ya que la gestión de estos datos corresponde a los servicio de salud autonómicos en sus ámbitos territoriales.

El Gobierno andaluz subraya que el acuerdo con Farmaindustria coarta cualquier medida que pueda emprender la Administración autonómica en la consolidación del uso racional de los medicamentos y en la moderación del gasto farmacéutico público, al congelar durante tres años el marco normativo actual e impedir por razones presupuestarias cualquier medida estructural que afecte a la industria farmacéutica.

La impugnación autorizada hoy por el Consej de Gobierno se hará efectiva durante los próximos días mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.