En rueda de prensa, Capilla afirmó que la dispensación de estos fármacos fuera de las farmacias no supondría un ahorro económico para los ciudadanos, ya que estas empresas fomentan el consumo para incrementar sus beneficios; y, por el contrario, pondría en peligro el uso racional de las medicinas.

Insistió en que las EFP son medicamentos y no pueden ser tratados como una mercancía más. "Es un bien sanitario que debe dispensarse en establecimietos sanitarios, como son las farmacias".

El mercado de estos fármacos supone el 5,5% del total en España, y su crecimiento es inferior al de los medicamentos de prescripción médica (los que paga la Seguridad Social). Además, su incidencia en el IPC de cualquier variación de precio es escaso, puesto que su ponderación a la hora de calcularlo es de 0,081%.

REPERCUSIONES SANITARIAS

El Consejo ha realizado un informe sobre estos productos sanitarios, en el que destacan que su liberalización provocaía graves repercusiones sanitarias (un 20% de las urgencias de los hospitales está motivada por el mal uso de fármacos) y los escasos resultados terapéuticos derivados de una utilización indebida.

Recalcó que la liberalización de un producto no supone una reducción en su precio, como lo demuestra que entre los fármacos veterinarios, que tienen precio libre, una misma molécula puede ser hasta cinco veces más cara que la de uso humano.