En una reunión celebrada junto a otras organizaciones de periodistas, se ha dado apoyo a un documento en el que se establece la necesidad de una investigación independiente sobre la muerte de varios periodistas en la guerra de Iraq y se propone que se refuerce la protección legal internacional para los reporteros y trabajadores de los medios que actúan en zonas de conflicto.

En el citado encuenro se abogó por la constitución de un grupo de trabajo internacional con representantes de Naciones Unidas, Cruz Roja, agencias defensoras de los derechos humanos, organizaciones de periodistas, etcétera, para que se cambie el marco legal internacional actualmente vigente, la Convención de Ginebra, y se establezca uno nuevo en el que se determine que, en caso de muerte de periodistas o trabajadores de los medios en zonas de conflicto, sea obligatoria una investigación independiente.

A su juicio, la nuva normativa debe establecer que tomar a los periodistas o instalaciones de los medios como blanco en acciones militares sea un crimen punible por la ley internacional y que la imprudencia temeraria en relación con la seguridad de los reporteros o trabajadores de los medios también sea considerada un delito punible.

Los asistentes a la citada reunión hicieron un llamamiento a Naciones Unidas para que adopte una resolución sobre la protección de los periodistas en áreas de conflicto y se comprometierona organizar un grupo de trabajo español que unifique acciones y se mantengan en estrecho contacto con la Federación Internacional de Prensa (FIP) con el objetivo de que lo que sucedió a los periodistas José Couso, de Telecinco, y Mazen Dana, de Reuter, no vuelva a ocurrir nunca.