Así lo defendió en un comunicado en el que su subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe, Mario Lubetkin, aseguró que este evento “ha demostrado que la primera reunión de parlamentarios en 2018 en España no fue una coincidencia” y avanzó que la FAO “continuará brindando apoyo técnico a las acciones legislativas que contribuyan a garantizar el derecho a una alimentación adecuada”.

En el texto, más de 200 parlamentarios, 15 presidentes y vicepresidentes de parlamentos nacionales y regionales y órganos parlamentarios de 64 países acordaron “comprometerse” a trabajar por una transición hacia sistemas agroalimentarios que sean “sostenibles, inclusivos, equitativos, resilientes y propicios para la realización del derecho a una alimentación adecuada para todos”, según explicó esta agencia de la ONU.

En concreto, el Pacto pide una “mayor participación e implicación” de los parlamentos para “fortalecer el compromiso político” en este sentido, así como iniciativas “concretas”, legislación, "asociaciones" y asignación presupuestaria, entre otras acciones.

Además, hace un llamamiento a los socios y donantes internacionales para que apoyen estos esfuerzos y solicita al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que establezca un mecanismo para la representación de los parlamentarios que “luchan contra el hambre y la malnutrición” y para una Tercera Cumbre Parlamentaria Mundial, que se organizará a más tardar en 2026.

ENCUENTRO MUNDIAL

Durante dos días, parlamentarios de todo el mundo se reunieron en Valparaíso para “reafirmar” la “urgencia de acabar con el hambre y la malnutrición como parte de los objetivos globales”, subrayando el “papel crucial” que tienen en la “transformación” de los sistemas agroalimentarios.

En el transcurso de las sesiones temáticas y los eventos paralelos, también identificaron y compartieron ejemplos de buenas prácticas, en particular en relación con el desarrollo de legislación “innovadora” en este ámbito.

La cumbre fue organizada por la FAO, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Congreso Nacional de Chile y el Gobierno de Chile y contó con el apoyo de la Comisión Europea, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.