Esta convención supone un paso adelante, por lo menos, en el reconocimiento de que las personas con discapacidad merecen las mismas oportunidades que el resto de los miembros de la sociedad, informó hoy en un comunicado la federación.

Los estudios comparativos relativos a las leyes de cada estado indican que tan sólo 45 países cuentan normativa específica contra la discriminación de las personas con discapacidad, por lo que la futura Declaración de Derechos de las Personas con Discapacidad viene a llenar un vacío legal considerable en la mayor parte de las naciones.

Según Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, "el proyecto de la ONU es totalmente loable, pero es imprescindible la creación de un órgano internacional que vele por los derechos de las personas con discapacidad a través de mecanismos y medidas concretas".

Los objetivos del Tratado, que tendrá que ser aprobado por la Asamblea General de la ONU y ratificado por los países miembros de la organización, pretenden aliviar la situación de discriminación que sufren estas personas a través de iniciativas específicas tan necesarias como la promoción de las personas con discapacidad en el acceso a la información y a sistemas de salud adecuados.

Por otra parte, el texto considera la accesibilidad como un requisito fundamental para garantizar la movilización del colectivo y como un beneficio que repercute en toda la sociedad.

De momento, la convención se plantea como un instrumento vinculante para que los Gobiernos pongan en marcha reformas legislativas que mejoren y faciliten la educación y la inserción laboral del colectivo.