FAMMA recuerda que las personas con discapacidad, 3,5 millones en España y un 10% de la población de la Unión Europea, cada vez participan más en actividades turísticas, pese a lo cual ven vulnerado en numerosas ocasiones su derecho a disfrutar del tiempo libre.

Según la federación, se estima que un 80% de las empresas de operadores y agencias de viajes no cuenta con ofertas turísticas accesibles. "La falta de formación e información dificulta el disfrute vacacional de las personas con discapacidad en sus lugares de descanso y ni tan siquiera garantiza su bienestar, lo que puede convertir su estancia en una verdadera odisea", indicó Javier Font, presidente de la federación.

El mayor problema al que se enfrentan las personas con movilidad reducida al hacer turismo son las barreras arquitectónicas, que dificultan actividades tan sencillas y cotidianas como acceder a un baño, subir a un avión, bañarse en una piscina o transitar por un paraje natural.

PLANES ESPECÍFICOS

Tomando como referencia las ciudades de Madrid y Barcelona, que son las que disponen de mayor oferta hotelera, FAMMA afirma que sólo el 8% de los recintos son completamente accesibles, mientras que el 20% son utilizables por una persona con movilidad reducida con ayuda de una tercera persona.

Por otro lado, las instalaciones turísticas, excepto las dirigidas especialmente al colectivo, no suelen contar con personal cualificado para atender las demandas de estas personas. Es más, la falta de previsión y el desconocimiento hace que los empleados de aerolíneas, hoteles o balnearios se encuentren desorientados frente a una persona con discapacidad.

A este respecto, Javier Font considera que "el sector turístico, ya sea público o privado, debería hacer un esfuerzo por elaborar planes de formación específicos dirigidos a la atención de personas con discapacidad, un beneficio que revierte en el colectivo pero también en el propio negocio, ya que incorpora un nuevo público entre sus consumidores".

Esta reclamación se dirige tanto a los poderes públicos, que son responsables de la accesibilidad de playas, parques naturales y el patrimonio cultural, como al sector privado, que desde la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación en 2003 está obligado a garantizar el acceso a estos servicios a todas las personas en igualdad de condiciones.