El abogado Leopoldo Torres, en representación de varios familiares, presentó el pasado lunes un escrito ante Grande- Marlaska en la causa que el juez instruye para dirimir la posibles responsabilidades penales en la contratación del Yak- 42, el avión que el 26 de mayo de 2003 se estrelló en Trebisonda (Turquía), provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

Entre los 14 altos cargos militares a los que se acusa de ser responsables por omisión de estas 62 muertes, se encuentran la totalidad de la cúpula militar en el momento del accidente.

Entre ellos destacan el Almirante General Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Antonio Moreno; el Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre; el Teniente General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza; y el General de División Jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), y Juan Luis Ibarreta.

En su escrito, hecho publico hoy, los familiares solicitan, además, la imputación de cuatro civiles por 62 delitos de homicidio por omisión, de otros dos militares acusados de sendos delitos de falsedad documental, así como la declaración ante el juez de otros 25 militares y 25 civiles de varios países.

Además, los familiares piden la práctica de casi 100 pruebas documentales en España, referentes al Ministerio de Defensa, Ministerio de Fomento, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Congreso de los Diputados, y Senado.

Asimismo, solicitan a Grande-Marlaska que recabe información específica relativa al accidente a la Comisión Europea, Luxemburgo, Alemania, Noruega, Turquía, Ucrania, Canadá, EEUU, El Líbano, Kirguizistán, así como a varios medios de comunicación.