Así consta en la nueva normativa que regula la declaración de fallecimiento de los desaparecidos en naufragios y otros siniestros, que hoy ublica el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor mañana.

Esta nueva ley se aplicará mediante una declaración judicial de fallecimiento que incluye la presunción de muerte y que permite, con las debidas comprobaciones, que se puedan producir los mismos efectos jurídicos que se dan con una muerte comprobada en el acceso a pensiones de viudedad, de orfandad, herencias, etc.

La ley modifica los artículos 193 y 194 del Código Civil, que hasta ahora establecían unos plazos de entre 2 y3 años para que los familiares de los desaparecidos pudieran acceder a estos derechos.

A partir de mañana, los trámites se podrán realizar a los tres meses de un naufragio sin noticias de los navegantes o un accidente aéreo con desaparición de los viajeros, o en caso de haberse encontrado restos humanos sin posibilidad de identificación.

La nueva normativa afecta también a los desaparecidos por causa de cualquier atentado contra la vida que haya quedado probado, aunque no se haya encontrado el caáver. En este caso, el límite fijado para acceder a los derechos jurídicos sobre el desaparecido será de un año.

La nueva normativa surge de la experiencia práctica de siniestros ocurridos e intenta paliar con la mayor rapidez posible los graves daños que en las familias ocasiona la desaparición de seres queridos en el mar o en un accidente aéreo, entre otros siniestros.