El consejero de Economía del Gobierno balear, Jaime Matas, comunicó la decisión de Camp a los medios de comunicación, al término de un encuentro con el delegado del Gobierno en Baleares y con los sindicatos UGTCCOO.

Los representantes de la Administración Central se negaron a firmar el protocolo exigido por la familia Camp, ante la exigencia de ésta de quedarse con las 78 marcas del grupo Yanko, actualmente embargadas por Hacienda.

El delegado del Gobierno, Gerardo García, explicó que sería ilegal firmar un protocolo de esas características, porque no pueden impedir que, en el proceso de quiebra de la empresa, algún acreedor pretenda resarcirse de sus deudas quedándose con las marcas.

Los miembro del comité de Yanko calificaron de "irresponsable" la actitud de la Administración Central y acusaron al Gobierno socialista de querer "morir matando".