El informe, titulado "El sistema nacional de salud en la encrucijada", señala que la reiteración de los fenómenos de privatización y mercantilización de los servicios sanitarios "está modificando la naturaleza de algunos servicios autonómicos de salud".

"Es una situación incubada en el contexto del proceso transferencial, que se ha efectuado en precario y sin garantizar los instrumentos mínimos para la cohesión y la equidad del conjunto del sistema", indica.

Critica, igualmente, la diferencia de financiación existente en las distintas comunidades autónomas que, en general, tilda de "insuficiente".

"Una financiación sanitaria basada en la capacidad fiscal de cada una de las CCAA tiene una inevitable tendencia hacia el incremento de las desigualdades en salud", resalta el texto, que añade que las diferencias en el incremento del gasto sanitario público per cápita dependen de la "sensiblidad social" de los gobiernos regionales.

Así, en 2005, los presupuestos recogen gastos per cápita que van desde los 1.290,93 euros de Cantabria a los 916,68 de la Comunidad Valenciana.

En este contexto, la FADSP asegura que "las CCAA gobernadas por el PP se encuentran en el grupo de menor financiación per cápita, a pesar de estar situadas entre las que tienen una mayor renta per cápita, lo que parece diseñar una política de apuesta por el deterioro de la sanidad pública, propiciando la huida hacia el sector privado, con excepción de La Rioja (la segunda con mayor gasto per cápita), donde la opción ha sido financiar generosamente a las empresas privadas desmantelando directamente al sector público".

PROPUESTAS DE MEJORA

Para mejorar esta situación, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública propone, entre otras medidas, el incremento de la financiación pública, aumentando el presupuesto sanitario público al menos en un 1% sobre el Producto Interior Bruto (PIB).

Igualmente, la elaboración del Plan Integrado de Salud, que debe fijar los objetivos generales del SNS y dirigir el reparto de los fondos de cohesión. En este aspecto, la FADSP considera que es clave la potenciación del Consejo Interterritorial como vertebrador del SNS.

Además, los defensores de la sanidad pública apuestan por la potenciación de la Atención Primaria, para lo que es preciso conseguir el 100% de cobertura, mayores recursos en infraestructura y equipamientos, y más profesionales que permitan una atención de calidad.

Asimismo, piden que se incremente el número de camas hospitalarias, fijándose el objetivo de cinco por cada 1.000 habitantes.

Por otra parte, piden que se termine con la privatización del SNS, de manera que todos los nuevos recursos sean del sector público y que se detenga el proceso de externalizaciones.

Por último, en cuanto al gasto farmacéutico, proponen la puesta en marcha de tres medidas concretas: no pagar más por lo que puede comprarse a menor precio, controlar el "marketing" de las empresas farmacéuticas y asegurar formación independiente y de calidad a los profesionales.