La citada federación indicó, en un comunicado, que los datos hechos públicos hoy en la prensa son confidenciales, están protegidos por las leyes de manera especial y su custodia se confía a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por lo que se ha producido una vulneracion del derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus historiales clínicos, algo de lo que es responsable el consejero Lamela.

En opinión de esta organización, la filtración de datos a la prensa es una táctica "de intoxicación de la opinión publica" que enturbia cada vez mas el problema e intenta "ocultar la realidad con una cortina de sensacionalismo".

Por este motivo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entiende que "es obligatoria la actuación del Defensor del Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos para investigar el origen de las filtraciones y la exigencia de las responsabilidades legales a que hubiere lugar".