"Es claramente positivo que no haya ganado el Partido Popular, ya que en aquellas comunidades en las que gobierna", su gestión "se ha caracterizado por una ofensiva muy privatizadora del sistema sanitario", por lo que "es francamente bueno que siga en la oposición", declaró Sánchez Bayle a Servimedia.

En cualquier caso, continuó este portavoz de Defensa de la Sanidad Pública, el nuevo gobierno tiene varios retos que afrontar para mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos que, "desgraciadamente no han aparecido durante la campaña electoral": mejorar la financiación y la cohesión del Sistema Nacional de Salud y acabar con las privatizaciones que se están dando en él en algunas regiones.

En primer lugar, explicó, el nuevo Ejecutivo debe abordar la financiación sanitaria, que requiere un acuerdo parlamentario mayoritario que garantice más fondos para el sistema sanitario. Este acuerdo, agregó, ha de asegurar también que la financiación destinada a la sanidad se emplee, en la práctica, en la salud.

Y es que, afirmó Sánchez Bayle, ahora mismo el modelo de financiación de las CCAA hace que la financiación no sea finalista y permita, por ejemplo, que el dinero dado por la Conferencia de Presidentes al sistema sanitario no se emplease en la Comunidad de Madrid para aspectos relacionados con la salud pública. El aumento de la financiación sanitaria ha de hacerse también "con criterio de solidaridad", es decir, teniendo en cuenta las necesidades de salud de las distintas CCAA y la capacidad de recaudación de cada una de ellas, consideró la Fadsp.

En segundo lugar, continuó este portavoz de la Fadsp, el nuevo Gobierno tiene que trabajar para mejorar la cohesión dentro del sistema sanitario público y para ello es muy importante que se apruebe el plan integrador de salud para establecer objetivos de salud en el conjunto del sistema sanitario público que se adecúen a los esfuerzos financieros.

Por último, finalizó Sánchez Bayle, hay que acabar con las privatizaciones dentro del sistema sanitario, "porque situaciones como las de Madrid, Valencia o la Rioja, donde se estáproduciendo una privatización muy acelerada, están en la práctica desmantelando un servicio público y a medio plazo esto va a significar un deterioro en la atención que se presta a los ciudadanos".