Según Fernández, sólo encuentra explicación a esto en el hecho de que la Xuta tenga perfilado un plan cuatrienal que prevé una inversión de 3.000 millones de pesetas para la construcción de centros ocupacionales para psíquicos adultos, "cuando los centros existentes no están llenos por falta de fondos para su mantenimiento".

Fuentes de la Xunta de Galicia negaron hoy esas imputaciones y aseguraron que en modo alguno tratan de fomentar la iniciativa privada en esa materia: "Muy al contrario, el plan de centros ocupacionales lo que pretende es aunar todos los esfuerzos de las dministraciones públicas (Xunta, municipios y diputaciones) para posibilitar que los minusválidos adultos de Galicia, sin privilegios ni discriminaciones, reciban la atención adecuada", precisaron.

Los mismos portavoces del Gobierno gallego aseguraron que la futura ley de servicios sociales, que está a punto de ser aprobada por el Parlamento gallego, "ni privatiza los servicios públicos ni fomenta la aparición de asociaciones lucrativas, sino que más bien las regula, impidiendo precisamente la aparicin indiscriminada y sin control de las mismas".