De esta forma, la asociación lleva al terreno judicial una práctica común entre las operadoras de telefonía móvil ya que, según los datos de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el 15% de los minutos facturados en 2004 por las compañías no se correspondieron con tiempo consumido por los usuarios y la cifra cobrada en exceso desde 1998 supera actualmente los 7.000 millones de euros.

Según informó hoy Facua, la demanda plantea una acción de cesación por la que se eliminen las cláusulas contractuales que establecen los redondeos al alza tanto en el cobro como en los datos que aparecen en las facturas, ya que la demandante las considera cláusulas abusivas y por lo tanto nulas.

Asimismo, solicita una acción accesoria de resarcimiento por la que se condene a las tres empresas "a la devolución a los usuarios de las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de las condiciones de redondeo al alza declaradas nulas desde la formalización de los contratos, tanto de prepago como de postpago, hasta la ejecución de la sentencia".

En esta línea, Facua lamentó que, tras una "larga espera", desde que denunció las irregularidades ante los ministerios competentes en materia de protección a los consumidores y telecomunicaciones en noviembre de 2003, "éstos no hayan hecho uso de sus competencias para impedir a las compañías que sigan cometiendo estas irregularidades", pese a que el propio Defensor del Pueblo ha apoyado la denuncia en su último informe anual.

En relación a la futura Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que según ha anunciado el Ministerio de Sanidad y Consumo acabará con las prácticas de redondeo en éstos y otros servicios, la Federación recuerda que la normativa ya prohibe estos "abusos".

Finalmente, Facua recordó que ha pedido una investigación al Comisariado para la Sociedad de la Información y Medios de la Comisión Europea sobre las prácticas de las compañías de telefonía españolas y la actitud de la Comisión del Mercado de las Ttelecomunicaciones (CMT), ya que, en 2004, el organismo autorizó expresamente a Movistar y Vodafone que sus tarifas de interconexión redondeen al alza el primer minuto de cada conversación aunque ésta dure menos.

Esta decisión se produjo cuatro años después de haber emitido una resolución advirtiendo que estos cobros al alza vulneran la Ley General de Telecomunicaciones española (y con ello la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002) e incluso haber impuesto una sanción en 2001 a Vodafone de4,2 millones de euros por seguir aplicando el redondeo.