Facua explica en una nota que desde los años 30 el agua está sometida a la regulación del sector eléctrico, lo que supone unas "evidentes deficiencias" que, a su juicio, deben ser subsanadas para garantizar la concreción de unos requisitos mínimos de calidad del servico en todo el Estado.

En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Con la excepción de Andalucía, que cuenta desde 1991 con un reglamento específico, los derechos y obligaciones de los usuarios y de las empresas suministradoras "únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las conceciones, una dispersión que provoca que no estén garantizados uos requisitos mínimos de calidad a nivel estatal", concluye Facua.