La federación valora muy positivamente la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia por la que insta al cese de las actividades del registro de morosos de la banca (RAI) por restringir la libre competencia.

Facua recuerda que en los últimos tiempos son numerosas las denuncias de usuarios a los que empresas del sector de las telecomunicaciones han dado de alta en sus servicios sin su consentimiento, para luego exigirles el pago de facturas bajo la amenaza de la inclusión en registros de morosos.

Al no contrastarse los datos, advierte Facua, pueden producirse situaciones de grave desprotección para los usuarios y muy especialmente para aquéllos que sean inscritos en los ficheros sin la existencia de una deuda real; desprotección que se acentúa cuando los usuarios no son informados por los registros de morosos de su inscripción en los ficheros, tal y como obliga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Facua recuerda que el artículo 29 de la citada ley, relativo a la "prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito", establece que para tratar datos relativos "al incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés", los registros de morosos deberán notificar a los interesados, "en el plazo de treinta días (...) una referencia de los (datos) que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos".

"Cuando el interesado lo solicite", continúa dicho artículo, "el responsable del tratamiento le comunicará los datos, así como las evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y el nombre y dirección de la persona o entidad a quien se hayan revelado los datos".