Según consideró la asociación de consumidores en un comunicado, el urbanismo debe concebirse como una política de Estado de carácter prioritario, no ya por la existencia de determinados casos de corrupción, sino fundamentalmente por las numerosas recalificaciones de suelo que, aunque legales, no dejan de ser irresponsables con el medio ambiente y los ciudadanos.

En dicho comunicado, Facua hace también un llamamiento a los partidos políticos para que no utilicen como arma arrojadiza los casos de corrupción detectados en materia de urbanismo y centren sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones al problema.

Ante la demanda del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de crear un órgano donde las administraciones competentes aborden la corrupción urbanística, Facua pidió que más que un órgano meramente interadministrativo, éste se abra a la participación de los agentes sociales y económicos, entre ellos las asociaciones de consumidores representativas.

Por último, Facua exigió a las administraciones públicas un mayor celo en detectar y perseguir los casos de corrupción. "Resulta evidente la dificultad que puede entrañar la detección de casos puntuales, pero situaciones sostenidas en el tiempo y prácticamente de dominio público, como las irregularidades en Marbella que han dado origen a la Operación Malaya, merecen una reflexión sobre la posible dejación de funciones por parte de las administraciones durante años", concluye el comunicado.