Así lo aseguró en una rueda de prensa en la que reclamó al Gobierno una “intervención de los precios de las gasolinas”, que, recordó, “estaban ya regulados con máximos hasta 1998”, convencido de que “la coyuntura actual debe provocar una intervención en la que el Gobierno ponga un tope a las gasolinas en los próximos tiempos” con el fin de determinar "hasta cuánto pueden cobrarnos por la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio".

"Un tope que no podría sobrepasar ninguna gasolinera y que, por tanto, derivara en que el sector petrolero tenga que recortar beneficios”, abundó, convencido de que, “desde luego, no sufriría pérdidas, sino que recortaría unos beneficios que están absolutamente inflados por la especulación”.

Además, reclamó una “subida importante de impuestos o un impuesto especial a las grandes petroleras y energéticas” y, en paralelo, volvió a pedir una “intervención del precio de la electricidad y del gas” . En el caso de la primera, insistió en la necesidad de “poner un tope” de 50 euros el megavatio hora, que, a su juicio, resulta “prudente, razonable y con el cual todo el sector seguirá ganando mucho dinero”.

Para el secretario general de Facua, con esta medida “todo el sector que no quema gas seguiría ganando dinero y las empresas que generan electricidad utilizando el gas y cuyo coste, en este momento, está aumentado enormemente, tendrían una devolución del dinero que hayan perdido, una compensación con dinero del sistema”. “De esta forma, no nos encontraríamos en la subasta ese disparate de que quien produce a 30 euros el megavatio hora está cobrando 250”, ejemplificó, para puntualizar que esa intervención “es necesaria y no tiene obstáculos de Bruselas”.

En este punto, señaló que el Gobierno “puede” intervenir, dado que Bruselas “no lo impide”. “Todo lo contrario, Bruselas ha planteado en su documento de propuestas que los Estados miembro pueden intervenir los precios de la energía y, en el caso de las subastas mayoristas, puede ponerse un tope a las ofertas”, indicó, para espetar que “puede y debe hacerlo si quiere de verdad proteger los intereses de los consumidores”.

“Si las medidas son exclusivamente bajadas de impuestos o de cargos regulados, o aportación de cheques o bonos a los consumidores, eso lo vamos a pagar vía Presupuestos Generales del Estado y las energéticas no se van a ver perjudicadas”, criticó.

CONSEJO EUROPEO

A este respecto, dudó “mucho” de que en la cumbre del Consejo Europeo “se vaya a alcanzar un acuerdo entre todos los Estados miembro para poner un precio máximo al megavatio hora” de luz y lamentó que el Gobierno aproveche este hecho para “trasladarnos la idea absolutamente falaz de que, como no se ha acordado un precio máximo, no se puede poner ninguno, porque eso sería rotundamente falso”.

"Si la medida es que se les recorte a las eléctricas el precio, pero para devolverles a posteriori el dinero que dejen de cobrar ahora, eso es una trampa". "Eso no es una solución, es la medida que quieren las eléctricas, evidentemente, para que no se les toque el margen de beneficio, que es lo que precisamente hay que hacer", abundó.

Sánchez puntualizó que en los encuentros mantenidos esta semana entre el Ejecutivo central y las petroleras y energéticas “se ha proyectado una imagen de que este Gobierno está plegado a los intereses de esos dos grandes oligopolios” y aseveró que las medidas que, a su juicio, “se deben llevar a cabo para paliar el alza de la energía” tienen que estar sufragadas "no por los Presupuestos Generales del Estado, sino por el propio sector que está inflando enormemente sus mil millonarios beneficios”.

Finalmente, se mostró “preocupado” y consideró “lamentable” que el Ejecutivo “se haya reunido exclusivamente para hablar de esta cuestión con los empresarios que se están forrando, que están subiendo los precios de forma desmesurada y con las grandes petroleras y las grandes energéticas”. “Si el Gobierno, de verdad, tiene intención de proteger a los consumidores, tiene que dejar de plegarse a los oligopolios energéticos y del petróleo, intervenir sus precios, adoptar una política de fijación de precios máximos y tiene, además, que aplicarles un nuevo impuesto”, resolvió.