El proceso liberalizador del sector implica que el 1 de julio, los usuarios domésticos con hasta 10 kilovatios de potencia contratada con la tarifa regulada por el Gobierno pasarán a depender automáticamente de una empresa comercializadora que les seguirá aplicando una tarifa establecida por el Ministerio de Industria, la cual se denominará a partir de entonces Tarifa de Último Recurso (TUR).

Sin embargo, informó hoy Facua, se ha detectado que buena parte de los usuarios que actualmente no dependen de las grandes distribuidoras que operan en España "no serán traspasados a una de las cinco denominadas comercializadoras de último recurso - que aplican la TUR-, sino a algunas de las que operan con tarifas del mercado libre".

Por ello, la organización se ha dirigido a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para trasladarles esta situación.