Éste es el único suministro doméstico que carece de una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios, por lo que Facua reivindica al Gobierno su elaboración, según señala la federación de consumidores en un comunicado.

Asimismo, Facua pide a los ayuntamientos la puesta en marcha de mecanismos de participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y la implantación del ciclo integral del agua, ya que una de las principales carencias existentes en numerosos municipios españoles es la no depuración de las mismas.

El estudio revela que el consumo mensual de 10 metros cúbicos de agua supone un importe medio de 11,39 euros más IVA si el contador individual tiene un calibre de 13 milímetros y de 12,74 euros si es de 15 milímetros.

Estas cifras, que incluyen las cuotas fijas y variables relativas tanto al abastecimiento como al saneamiento de agua, se elevan a 21,18 y 22,50 euros al mes, respectivamente, si el consumo es de 20 metros cúbicos.

Pero las tarifas son muy distintas en función de cada ciudad. Así, el consumo mensual de 10 metros cúbicos representa en Castellón 5,02 euros o 6,66 euros, en función de si el contador tiene un calibre de 13 ó 15 milímetros.

Mientras, llegan a los 24,46 euros en Palma de Mallorca con un contador de 13 milímetros, y sube a 41,73 euros con un consumo de 20 metros cúbicos. En Alicante, con un contador grande (15 mm.) y un consumo alto (20 m3) el precio alcanza los 48,85 euros.

Como ya se puso de manifiesto en los estudios realizados en 2005 y 2004, la diferencia de tarifas entre la ciudad más cara y la más barata es "desproporcionada", dice Facua, alcanzando este año el 426%, lo que representa una diferencia anual en las facturas de nada menos que 471 euros.

SALVEDADES

Para los consumos de 20 metros cúbicos, Facua advierte de que no siempre puede considerarse positiva una tarifa muy baja y negativa una muy alta, ya que es necesario que las suministradoras apliquen tarifas progresivas que penalicen los metros cúbicos consumidos en exceso (siempre que se bonifique a las familias numerosas), algo que no siempre ocurre.

Asimismo, hay que tener en cuenta que entre las ciudades con las tarifas más bajas uno de los motivos es en ciertos casos que no depuran las aguas, otro aspecto negativo.

Facua cree que la actuación del Gobierno para fomentar tarifas de agua que incentiven el ahorro puede contribuir a reducir las grandes diferencias entre municipios.

Un total de 22 de las 28 ciudades del presente estudio establecen tarifas por bloques de consumo, pero con criterios dispares y no en todos los casos puede considerarse que fomenten el ahorro.

Sólo 12 municipios, menos de la mitad, aplican factores de corrección a las familias que superen un determinado número de miembros, también con criterios diferentes según la ciudad. Facua entiende que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de habitantes de la vivienda.

MÁS CARAS Y MÁS BARATAS

Castellón, Madrid y Pamplona son las ciudades con el suministro de agua más económico. Frente a ellas, Palma de Mallorca, Barcelona y Alicante tienen las tarifas más caras para contadores de 13 milímetros, mientras que en el caso de los de 15 milímetros las más elevadas son las de Alicante, Palma de Mallorca y Murcia.

Si se incluyen los cánones que aplican 17 de las 28 ciudades encuestadas al saneamiento o al abastecimiento, generalmente para sufragar la mejora de las infraestructuras, los usuarios de Palma de Mallorca son los que pagan las tarifas más elevadas, en línea con Barcelona, y en contraposición a lo que ocurre en Logroño y Santander.

En España, el suministro domiciliario de agua es una competencia de los ayuntamientos, que otorgan las concesiones del servicio a empresas públicas, privadas o mixtas.

Con la excepción del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, los derechos y obligaciones de los usuarios y las empresas suministradoras únicamente se establecen mediante ordenanzas municipales o los acuerdos que regulan las concesiones, una dispersión que provoca que no estén garantizados unos requisitos mínimos de calidad del servicio a nivel nacional y la existencia de facturas con conceptos muy dispares y difíciles de entender para los usuarios debido a su complejidad, asegura Facua.

La federación de consumidores demanda una norma de ámbito nacional que regule aspectos como los procedimientos para la aprobación de las tarifas, que deben incluir el trámite de audiencia de las asociaciones de consumidores.

Asimismo, se deben establecer las indemnizaciones a percibir si se producen cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros, la periodicidad de lectura de los contadores y facturación, las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos y requisitos para las bajas en el servicio, los conceptos incluidos en las facturas y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.