Estos clientes, denunció Facua, han sido traspasados a compañías del mercado libre en lugar de a las que aplican la Tarifa de Último Recurso y el bono social, las cuales además "negaron el servicio a usuarios que solicitaron acogerse a ellas en junio para evitar esta situación".

Esta asociación considera que los acuerdos negociados por pequeñas distribuidoras con grandes comercializadoras de mercado libre para cederles sus clientes pueden vulnerar la ley de Defensa de la Competencia, al igual que el traspaso de los usuarios a comercializadoras creadas por las pequeñas distribuidoras.

La denuncia también plantea la "negativa injustificada" de las denominadas comercializadoras de último recurso (CUR) -las que aplican la tarifa fijada por el Ministerio de Industria- a "satisfacer las demandas" de alta a clientes de las pequeñas distribuidoras que se produjo con anterioridad al 1 de julio.

Facua considera, finalmente, que se ha producido un "reparto del mercado" que puede ser contrario a lo establecido en la Ley de Defensa de la Competencia y las reglas establecidas en la normativa sectorial eléctrica, pudiendo causar perjuicios no sólo a los usuarios sino también a unos competidores que han sido colocados "en situación desventajosa frente a otros".