En una nota informativa, la asociación lamentó que, tras sus denuncias contra una decena de supermercados e hipermercados por “vulnerar” la ley de comercio al limitar la compra de aceite de girasol mientras “inflan” los precios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha “reaccionado respaldando” la medida y dándoles “prácticamente carta blanca para aplicarla con otros productos sin anunciar ninguna investigación al respecto”.

“En el comunicado conjunto se limitan a justificar la limitación de las unidades de producto que cada consumidor puede adquirir en la posibilidad de que esta medida tenga su origen en la guerra entre Rusia y Ucrania sin cuestionar que, con ello, los establecimientos puedan estar contribuyendo a fomentar el acaparamiento innecesario de productos por parte de los consumidores y que, simultáneamente, estén aprovechando la coyuntura para incrementar precios”, espetó Facua.

La asociación ha denunciado ante las autoridades de comercio de varias comunidades autónomas a una decena de empresas basándose en lo establecido en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y recordó que, en su artículo 9.2, indica que los comerciantes “no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen”.

“En el caso de que, en un establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud", agregó. Además, criticó que el Gobierno está “eludiendo su responsabilidad” de investigar lo que está ocurriendo y si se cumplen “los propios condicionantes” que establecen los ministerios en su comunicado para “justificar que no se cumpla el precepto establecido en la ley de comercio”.

Para la organización, esto "puede ser una estrategia comercial para inflar beneficios, pero Garzón y Maroto han optado por respaldar decisiones unilaterales de las empresas que pueden ser claramente especulativas” y criticó que dichos ministerios no han “comprobado” que la limitación obedezca a “causas objetivas” ni quién “está provocando realmente el desabastecimiento”.

MEDIDA JUSTIFICADA

A este respecto, los ministerios de Consumo e Industria emitieron una nota informativa sobre la limitación de venta de aceite de girasol en comercio minorista en la que advirtieron de que la jurisprudencia existente en la materia ha señalado que la obligación de venta prevista en el artículo 9 de la ley aludida por Facua “no es absoluta, pudiéndose llevar a cabo una limitación de ventas cuando la misma obedezca a razones objetivas y justificadas”.

En este sentido, subrayaron que la guerra entre Rusia y Ucrania, que afecta a uno de los principales proveedores de aceite de girasol al mercado español, “ha puesto en riesgo el suministro de determinados productos y la alarma social está provocando, en determinados casos, el acopio compulsivo propio de este tipo de situaciones”. “En este caso concreto, la actual guerra podría ser considerada como una circunstancia excepcional que justifique la limitación de la venta de este producto en el comercio minorista, siempre que estas limitaciones estén sustentadas sobre el stock real de cada comerciante y tengan como fin garantizar el derecho de todos los consumidores a la obtención del producto de una forma razonable y equitativa”, apostillaron.

Ambos ministerios entienden que la decisión de limitar la venta adoptada por determinados comerciantes minoristas “puede contribuir a proteger a los consumidores” siempre que la medida busque que cualquier comprador pueda encontrar a su disposición aceite de girasol “en cantidad y precio razonable”, impedir “acopios compulsivos que mermen el abastecimiento del resto de consumidores”, garantizar que no se producen “desabastecimientos repentinos” y limitar “compras masivas” en comercio minorista que tengan como finalidad su posterior reventa a precios superiores o usos no domésticos, tales como el canal Horeca.

“En cualquier caso, cada limitación de producto deberá estar convenientemente justificada, no ser discriminatoria y estar limitada al periodo temporal que abarque el hecho del que trae causa”, resolvieron.