Según informan en un comunicado, Facua denunció esta situación en abril de 2003 y "todavía no ha recibido respuesta del organismo competente".

Los teléfonos de pago de estas compañías "no sólo suponen un grave perjuicio para los usuarios, que se ven obligados a asumir un coste cuando presentan reclamaciones por deficiencias o irregularidades en el servicio, con llamadas de larga duración debido a la mala atención que ofrecen los teleoperadores, sino que contravinen la normativa vigente".