Así lo advirtió este miércoles el secretario general de la organización de consumidores, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que aseguró que la asociación ha recibido desde finales de mayo “numerosas” peticiones de consumidores interesados en conocer sus derechos ante lo que juzgó una “práctica irregular”.

Sánchez explicó que Facua está realizando un “rastreo” del mercado inmobiliario en varias ciudades con el fin de “investigar, detectar y denunciar” a aquellas agencias que estén “incumpliendo la nueva normativa”, que consideró “absolutamente clara” al respecto, y, de momento, ya ha denunciado a 33 por lo que considera una “irregularidad”.

Tras subrayar que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda ha realizado un “cambio de enorme peso” en lo referente a la labor de los intermediarios de las empresas del sector al introducir una modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 según la cual los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato “serán a cargo del arrendador", afirmó que, de esta forma, “se pone punto y final a esa doble comisión de la que se beneficiaban las agencias del sector inmobiliario”.

En este contexto, el secretario general de Facua denunció los “trucos y argucias” a los que, según la entidad, las agencias están recurriendo “para seguir cobrando a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria o sus honorarios” y “saltarse la ley”.

CUANTÍA ILEGAL

En este punto, detalló que, a las que comunican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario, se unen “las que inventan nuevos conceptos” y comentó que, “de forma habitual”, estas empresas “suelen” pedir una mensualidad de la renta de la vivienda, mientras otras cobran una cuota fija o el 10% de una anualidad del alquiler.

A este respecto, recomendó a los usuarios que se vean obligados a pagar este concepto que "intenten convencer a la inmobiliaria" de que se trata de una práctica "ilegal" y, en caso de que no lo consigan, que abonen esa “cuantía ilegal, pero conserven pruebas de ese abono” pidiendo factura independiente por el concepto abonado o que realicen el abono por transferencia indicando el concepto y, una vez firmado el contrato de alquiler, soliciten a la inmobiliaria el reembolso de dicha cantidad.

En caso de que se niegue, tienen la posibilidad de interponer una denuncia ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma reclamando "expresamente" la apertura de un expediente sancionador contra la empresa por la “vulneración” de la normativa y, si la agencia sigue negándose, los consumidores también pueden recurrir a la vía judicial.

TRANQUILIDAD PARA INQUILINOS

Asimismo, urgió a las empresas del sector a no seguir "remoloneando" en sus obligaciones y dijo esperar que las autoridades de consumo de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Baleares “anuncien en los próximos días la primera apertura de expediente sancionador en España por el incumplimiento del cambio en la Ley de Arrendamientos Urbanos como consecuencia de esa nueva Ley por el Derecho a la Vivienda” y que emprendan “las actuaciones que correspondan para erradicar una práctica ilegal” que, a su parecer, “a día de hoy”, se está produciendo “en la gran mayoría” de inmobiliarias que Facua ha “rastreado”, lo cual consideró “extraordinariamente grave”.

Sánchez admitió que los resultados de ese rastreo son “altamente preocupantes” y denunció la “resistencia del sector a cumplir la norma y a dejar de tener un enriquecimiento ilícito con ingresos que ya son del todo ilegales”, al tiempo que trasladó un mensaje de “tranquilidad” a los inquilinos que hayan pagado estas comisiones, convencido de que “pueden recuperar el dinero”.

Por último, reclamó al Gobierno que articule actuaciones de comunicación a los consumidores para “dar a conocer sus derechos legales”, a la espera de que el nuevo Ejecutivo que se conforme tras las elecciones generales “se tome con la preocupación debida esta norma y trabaje para que los consumidores conozcan sus derechos y para potenciar que las comunidades autónomas hagan cumplir la legislación”.