Así lo defendió en un comunicado en el que advirtió de que la puesta en marcha de esta ayuda de hasta 300 euros para menores de 35 años puede “derivar” en que ese dinero público “termine en manos de especuladores”, que, a su juicio, “lo tendrán más fácil para inflar los arrendamientos”.

Facua lamentó que el Ejecutivo central no haya “atendido” las reivindicaciones de “decenas de organizaciones” de la sociedad civil que pedían “ir más allá” para “proteger” a los usuarios ante los que calificó como unos “abusivos precios de los alquileres”.

En línea con lo señalado por el Consejo de la Juventud, la organización admitió que “teme” que la medida sólo beneficie al 1,7% de los jóvenes emancipados, por lo que reiteró la urgencia de que el Gobierno “intervenga” para “reducir” los precios de los alquileres en “multitud” de zonas del país, en las que, a su entender, los arrendamientos “están inflados y son, en ocasiones, prohibitivos”.

“Más allá de ayudas, el mercado también requiere de limitación de precios de los alquileres para acabar con las subidas de esos particulares que compran viviendas para especular”, insistió la asociación, que instó al Gobierno a tomar medidas para “restringir” el coste de los arrendamientos con el fin de “proteger a los consumidores”.