Según informó hoy la organización de consumidores, las personas afectadas podrán utilizar los servicios jurídicos de Facua para emprender acciones legales.

Para Facua, "este grave caso es una nueva consecuencia de la inexistencia en España de un auténtico Ministerio de Sanidad y Consumo y un interés real por parte de las comunidades autónomas de desarrollar unas políticas de consumo con mayúsculas".

Por ello, exige al Instituto Nacional del Consumo (INC) que aclare si en los últimos años se han llevado a cabo actuaciones inspectoras sobre éstas y otras empresas del sector o, si por el contrario, se ha producido una "dejación de funciones por parte de las autoridades de Consumo".

Finalmente, Facua denuncia que la "precaria" regulación del sector de inversiones en bienes tangibles provoca "un mayor nivel de desprotección de los consumidores".