La organización rechazó, además, que el Gobierno andaluz se había comprometido a “limitar” las tarifas “abusivas” de las VTC en situaciones de alta demanda mientras el decreto ley recoge esta medida “desde un punto potestativo de la administración”. “Por ello, podría no aplicarse nunca esta limitación y, aún así, se estaría cumpliendo la ley”, apostilló en un comunicado.

Asimismo, subrayó que propuso que se estableciese un marco de “relación de derechos” entre los usuarios y las VTC y denunció que en el documento aprobado por la Junta “este aspecto queda condicionado a un acuerdo entre las empresas operadoras del servicio y las entidades representativas de los consumidores y usuarios”.

“Es decir, si no se llega a un acuerdo porque plataformas como Uber o Cabify no quieren ceder en determinados aspectos, no existirá este marco de derechos para los consumidores”, resolvió, para manifestar que, a su entender, en el decreto ley se debería de haber “recogido y acotado” un “marco mínimo”.

Con respecto al establecimiento de indemnizaciones por “daños y perjuicios concretos”, especialmente en el caso de que los prestadores cancelasen el servicio de manera unilateral, Facua explicó que en el documento aprobado sólo se hace referencia al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, “sin concretar absolutamente nada y sin que en la práctica suponga ningún avance en la protección del usuario”.

Además, la organización de consumidores planteó que la norma garantizase un 5% de la flota para personas con movilidad reducida, de manera que se “asegure” el acceso universal del servicio y denunció que la Junta ha establecido este porcentaje “únicamente” a aquellas flotas con más de 100 autorizaciones. Esto, a su entender, “no garantiza el efectivo cumplimiento global del porcentaje" y supone "una clara discriminación a este colectivo de usuarios”.

En paralelo, la Junta ha rechazado incluir la precontratación por tiempo de 15 minutos que reclamaba el sector del taxi, estableciendo un límite de precontratación por espacio de entre 150 y 300 metros dependiendo de la zona y su cercanía a aeropuertos, puertos, estaciones de tren o autobús, hoteles o juzgados, entre otros espacios.

En este sentido, Facua mostró su “preocupación” sobre la eficacia de esta medida y la forma en la que se va a poder “controlar” esta precontratación, pese a que se trata de un aspecto “de gran importancia” para “equilibrar” ambos modelos.